Igualdad de trato
Hoy se debate en el Congreso la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad de trato, presentada por el grupo socialista. Con esta será ya la cuarta legislatura en la que se presenta esta ley, que entre unas cosas y otras, siempre se ha visto frustrada y abocado a quedar pendiente. En la pasada legislatura el proyecto pasó sólo la fase de ponencia con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Esperemos que al fin esta sea la definitiva y pronto podamos contar con una ley, que además de cumplir con las directivas comunitarias sobre la materia, ofrezca un revulsivo en la garantía de derechos y no discriminación de todas las personas independientemente de sus circunstancias y condición. En España existen ya algunas leyes garantistas en este sentido, en relación al género, la discapacidad y la infancia. Sin embargo, hay otros grupos como las personas mayores, las personas extranjeras, las personas gitanas, etcétera, que sufren una discriminación ligada a su condición, frente a la que no hay respuesta jurídica ni reparadora. El racismo, la xenofobia, el edadismo, son comportamientos por desgracia demasiados cotidianos frente a los que es necesario actuar.
La ley de igualdad de trato en la que ya trabajó el primer ministerio de igualdad liderado por la ministra Aído, ofrece garantías para que podamos exigir ser tratados de igual manera y prohíbe la discriminación por todos los motivos recogidos en el artículo 14 de nuestra Constitución. Aunque pudiera parecer que la igualdad es una meta lograda, todo el mundo sabe que no es así y tenemos que hacer un ejercicio permanente para que la sociedad y a veces las propias políticas públicas no sean discriminatorias. En todos nuestros derechos de acceso a bienes y servicios, las personas mayores, las personas gitanas, las personas migrantes, las personas con discapacidad, y las mujeres, sufrimos un trato diferente que en muchas ocasiones se convierte en discriminatorio, colocándonos en una situación de desventaja. En el contexto actual donde los populismo de extrema derecha crecen y las ideas supremacistas se propagan a gran velocidad, es más necesario que nunca contar con leyes y políticas públicas que frenen esos sentimientos y comportamientos indecentes en un estado de derecho.
Durante esta pandemia, además, se ha puesto de manifiesto las nefastas consecuencias de la discriminación por razón de edad. Las personas mayores han sufrido discriminación en el trato que han recibido. En ocasiones se les ha negado el acceso a una atención médica adecuada, a las UCI, se les ha aislado sin informarles del proceso, no se ha tenido en cuenta su opinión en relación a los cuidados que querían recibir, e incluso la investigación biomédica ha discriminado por razón de edad, realizando ensayos clínicos sólo en algunos grupos de edad. Parece lógico ante el reto demográfico que nos coloca en una sociedad donde una de cada tres personas tendremos más de 65 en esta década, que promovamos una sociedad intergeneracional que no discrimine a nadie por razón de su edad. Todas las personas tenemos derecho a vivir dignamente independientemente de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestra raza y de nuestra propia circunstancia personal o social. Por eso esta ley es imprescindible y será muy alentador contar con un organismo para la promoción de la igualdad de trato que al igual que el defensor del pueblo, vigile, proteja y actúe contra las vulneraciones de nuestros derechos.