El derecho a ser cuidado

Las personas mayores son el grupo social que más duramente ha sido castigado por la pandemia del coronavirus. Algunos estudios hablan de más del 50% de víctimas mortales. Aunque las personas que viven en residencias representan solo el 4% de las personas mayores, las residencias se han convertido durante los últimos meses en el lugar más letal para este grupo de población. La situación ha conmovido a la sociedad española, que parece descubrir ahora las debilidades de un modelo que requiere cambios y revisiones profundas. Cambios no solo para evitar la letalidad en crisis como la que estamos viviendo, sino para garantizar la dignidad y el derecho a una vida autónoma y libre, independientemente del lugar donde se decida vivir en la vejez. La crisis de los cuidados que el movimiento feminista viene denunciando desde los años noventa, sigue sin resolverse y se recrudecerá más, si no ponemos en marcha medidas y políticas que nos permitan resolverla. Afortunadamente la esperanza de vida crece y todos aspiramos a que los avances en el siglo XXI, nos permitan vivir hasta los cien años.

Todos aspiramos además a ser respetados y a seguir decidiendo nuestras vidas hasta el final, y cuando se nos pregunta donde queremos vivir, queremos seguir viviendo en nuestra casa hasta que podamos y si no en el lugar más parecido a nuestra casa. En España hay cerca de 5.500 residencias. 380.000 plazas. 4,2 plazas por cada 100 personas mayores, muy cerca de la ratio que recomienda la OMS. De ellas, el 60% son centros de financiación pública. La mayoría son residencias que responden a modelos del pasado y con personal escaso y a veces poco profesionalizado. Personal que forma parte de esa nueva clase social emergente y con pocos derechos, que la socióloga María Ángeles Durán ha definido como “el cuidatoriado”. Hay que reconocer el esfuerzo y el gran trabajo que las profesionales de las residencias están desarrollando a pesar de todo, durante estos difíciles meses. Pero la crisis debería ser una oportunidad para reflexionar sobre los déficits de los cuidados y plantear alternativas y cambios urgentes y necesarios. El primero pasa por reforzar todos los servicios sociales de atención domiciliaria, también por migrar hacia modelos de atención integral centrados en la persona, superando modelos donde las personas son anuladas y cuidadas sin atender a sus deseos y sus proyectos vitales. Hay que dar respuesta a los diferentes modelos y opciones residenciales para envejecer, como el cohousing o las viviendas compartidas y hasta intergeneracionales. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que se requiere un nuevo modelo social, donde los cuidados no sean solo responsabilidad de las mujeres y del Estado. Esto ya es inviable. Desde la mesa estatal por los derechos de las personas mayores y la Fundación Helpage España, se está haciendo un esfuerzo estos meses por poner sobre la mesa protocolos y medidas de actuación frente al coronavirus, pero también se ha planteado a las administraciones públicas y al gobierno, una serie de medidas muy importantes para avanzar en este sentido y después de la desescalada, sería deseable avanzar en políticas públicas y estrategia basadas en derechos y fortalecimiento del estado del bienestar para dar respuesta a estas necesidades. Luchar contra el edadismo y el paternalismo con el que son tratadas las personas mayores es también una tarea urgente.