Desescalada de autonomías
Entre los problemas existentes que ha puesto de manifiesto la crisis de la covid-19 está la falta de estructuras eficaces de coordinación del estado de las autonomías. La necesidad de recurrir reiteradamente al decreto del estado de alarma para poder aplicar una política común ante la pandemia sanitaria, lo ha puesto en evidencia. También ha quedado en evidencia la falta de lealtad institucional y sentido de Estado de muchos presidentes y presidentas autonómicas y una lógica de funcionamiento viciada desde hace años, que no favorece ni la gobernabilidad, ni la fortaleza y eficacia de nuestras políticas públicas.
El título VIII de nuestra Constitución establece la organización territorial del Estado y las competencias que tienen cada una de las administraciones, pero es un capítulo nada engrasado todavía. Existe también una Secretaría de Estado de Política Territorial y diferentes instrumentos de coordinación como la conferencia de presidentes, o las comisiones sectoriales de los ministerios con las consejerías autonómicas. Actualmente hay hasta 45 comisiones sectoriales. Pero la realidad es que todos estos instrumentos han resultado hasta ahora insuficientes para resolver los conflictos competenciales y atribución de responsabilidad de las distintas administraciones. Fundamentalmente no porque los instrumentos no estén bien diseñados, sino porque la lógica política de crispación y confrontación de las últimas décadas resulta imposible para poder tejer acuerdos. Tanto la conferencia de presidentes, como las conferencias sectoriales se han convertido en espacios de lucha partidista que las comunidades aprovechan para confrontar ideológicamente con el gobierno de turno y no siempre porque se discrepe legítimamente de las leyes, normas y políticas en cuestión, sino porque se ha instalado una lógica de disputa que no conduce a ninguna parte. La reacción de todo presidente o presidenta autonómica ante cualquier asunto plantado por un gobierno de otra administración que no responda al mismo color político, es siempre un “no”, a lo que se une la estrategia de intentar reforzar el liderazgo local sobre la base de confrontar y plantar cara al de arriba. Los instrumentos de coordinación y cooperación deberían servir para lo que han sido diseñados y convertirse en espacios donde analizar buenas prácticas, prácticas inspiradoras o políticas fallidas, que contribuyeran a un aprendizaje compartido entre administraciones y buscar la mayor eficacia de las políticas públicas en beneficio del bien común y el interés general. Las comunidades autónomas se han convertido sin embargo en un saco sin fondo de pedir y exigir dinero al Estado, a las que en cambio no se les puede exigir nada.
A partir de esta semana todas las autonomías que están en la fase 3, como Andalucía, pasan a tener facultad plena en la gestión de la desescalada y de la crisis. Es hora por tanto de actuar con responsabilidad y solidaridad. Convendría no solo que la ciudadanía sea prudente, sino contar con dirigentes que hagan una pedagogía social adecuada para prevenir más daños, en lugar de mensajes contradictorios y frentistas que nos coloquen ahora en un escenario de confrontación y desconfianzas entre vecinos, en función de la comunidad donde vivamos. Por favor no olvidemos cuando votemos cuales son las competencias y responsabilidades de las comunidades autónomas, porque echar la culpa a otros siempre es un recurso fácil.