Rechaza haber obligado a una mujer a ejercer de prostituta
La Audiencia de Jaén ha juzgado a una mujer, I.C.A., de 46 años, como respuesta a la denuncia interpuesta en abril de 2017 por una mujer de nacionalidad paraguaya que declaró ante la Guardia Civil de Baeza (Jaén) estar siendo obligada a ejercer la prostitución para saldar la deuda con otra mujer que le facilitó el dinero para entrar ilegalmente en España. La acusada ha admitido que le prestó dinero para entrar en España, pero ha rechazado haberla obligado a prostituirse.
I.C.A. ha declarado ante el tribunal que contactó con la denunciante por las redes sociales y que le transfirió 2.500 euros en tres entregas para que entrara en España como turista y luego pudiera quedarse a trabajar. Ha indicado que desconocía que dejar dinero para que entrara en España era ilegal y ha asegurado que la denunciante ejercía la prostitución en Paraguay y que “sabía” a lo que venía.
I.C.A., camarera y encargada de un club de alterne en Rus, se llevó a la denunciante a su casa y ésta comenzó a trabajar desde el primer día en dicho negocio para saldar su deuda, aunque según mantiene la acusada la duda nunca se le incrementó hasta los 5.000 euros como sostiene la denunciante.
La acusada ha señalado que de los 2.500 euros que le entregó para que viniera a España consiguió recuperar unos 900 euros, y que el resto no lo ha cobrado todavía. Asimismo, ha insistido en que ella nunca le prometió trabajo a la denunciante.
Por su parte, la denunciante ha señalado en su declaración que llegó a España con la promesa de trabajar cuidando a una anciana y que cuando llegó la acusada le quitó el pasaporte y sus pertenencias, además de pasar a reclamarle el pago de 5.000 euros y no de los 2.500 que le había enviado a Paraguay. De hecho, la denunciante ha declarado que la acusada pretendía cobrarle 550 euros por haberla traído en taxi desde el aeropuerto de Málaga hasta Rus.
El Ministerio Fiscal acusa a I.C.A. de favorecer la inmigración ilegal y de atentar contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y le reclama once meses de cárcel.
La acusación particular eleva su petición a penas de nueve años de prisión ya que le imputa una delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso con un delito de prostitución coactiva y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Además, en concepto de responsabilidad civil le reclama una indemnización de 60.000 euros por daños morales y psicológicos.
Los hechos, según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional y al que ha accedido Europa Press, se remontan a febrero de 2017 cuando la acusada contactó con una ciudadana paraguaya a la que envió 2.500 euros para que pudiera viajar a España y trabajar en suelo español.
De esta forma, la mujer paraguaya entró con apariencia de turista a través del aeropuerto de Málaga donde la esperaban en un vehículo particular que la trasladó hasta el municipio jiennense de Rus. Cuando llegó a Rus, la acusada le retuvo “su pasaporte y sus enseres personales mientras ésta no le abonase la cantidad de 5.000 euros en metálico”.
Un total de 22 días es lo que tardó la denunciante en acudir a la Guardia Civil y denunciar lo que le estaba ocurriendo. Finalmente, la acusada entregó el pasaporte y las pertenencias de la denunciante a la Guardia Civil tras conocer que la había denunciado.