Proyectos “en revisión” por si les afecta el veto al PGOU
Prudencia institucional hasta conocer el alcance del fallo judicial
Los miembros del equipo de Gobierno entraron y salieron mucho durante la sesión plenaria del martes. Acababan de conocer, “extraoficialmente”, que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaraba nulo el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado hace dos años tras una década de tiras y aflojas. Fuentes municipales aclaran que, hasta que por los trámites burocráticos ordinarios, tengan constancia del contenido del dictamen del Alto Tribunal andaluz, no habrá declaraciones al respecto. Eso sí, por si acaso, conforme explicaron desde la Administración local, técnicos municipales ya revisan los proyectos que hay en marcha, desde la entrada en vigor del documento urbanístico. Esto ocurrió, a mediados de marzo de 2016, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 24 de febrero de ese año. El quid de la cuestión es conocer las consecuencias de la decisión de la Justicia en obras ya comenzadas y que tienen la preceptiva licencia municipal.
El visto bueno al PGOU jiennense fue la antesala de, al menos, cuatro recursos contra esta instrumento urbanístico que se presentaron en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA. Ecologistas en Acción, entre otros motivos, acudió a los tribunales con la constancia de que el plan no cuenta con la Evaluación Ambiental Estratégica, un requisito impuesto por una directiva de la Unión Europea, que debe cumplir el Reino de España y, por lo tanto, la comunidad de Andalucía. Su recurso aún no está resuelto, se encuentra en la fase de conclusiones, con lo que el siguiente paso es que se dicte sentencia. Jaén en Común siguió los pasos de Ecologistas en Acción e informó de ello en el mes de mayo de hace dos años. La tercera fuerza de la oposición municipal puso el foco en el crecimiento desordenado que se proyectó para el término municipal, con infraestructuras como la estación intermodal, de trenes y autobuses, en el norte y una gran superficie en esta parte del casco urbano. Este proceso tampoco está resuelto todavía, aunque cuando llegue el caso, como ya anunciaron, se reservarán el derecho de reclamar el cumplimiento de medidas cautelares, entre otras, la paralización de las obras del megacentro comercial “Jaén Plaza”.
La Abogacía del Estado también presentó objeción a la revisión del PGOU y, a finales de abril de 2016, lo hizo la mercantil Hacienda Las Cuevas, propietaria de los terrenos donde se iba a construir el centro comercial “Santo Reino”, en Vaciacostales, merced a un convenio suscrito, en 2010, entre la sociedad y el equipo de Gobierno formado por el PSOE e IU. Este particular consideró, conforme explicó su abogado y su representante en una rueda de prensa, que es “ilícita” e, incluso, “incurre en fraude de ley”, la calificación del suelo ordenado (SURO) 6, donde, actualmente, se construye el complejo de ocio y comercial impulsado por Alvores, a raíz de un acuerdo con los responsables municipales del PP, sucesores en la Alcaldía de la coalición de izquierdas desde el año 2011. Sobre la construcción en esta zona de la ciudad pesaba una suspensión que, finalmente, fue levantada, y permitió que, en marzo de 2017, comenzaran las obras en el SURO 6, en Las Lagunillas. La previsión es que las primeras tiendas abran a finales de este año.
Con la decisión de la Justicia sobre el “recurso de un particular” ya notificada a la Junta, es la Administración regional, que dio el visto bueno al PGOU, la que tiene que maniobrar y presentar recurso. Por el momento, el Gobierno andaluz prefiere guardar silencio sobre las consecuencias, porque todavía estudia el auto judicial.
Ecologistas en Acción en Jaén recuerda que presentó un recurso por la vía contenciosa administrativa, en 2016 contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún no resuelto, aunque, en cualquier caso, considera que la paralización de documento, que consideran negativo ya de por sí, tendrá consecuencias negativas. “Su paralización a estas alturas, y más ante la grave crisis que está sufriendo la ciudad de Jaén, será perjudicial. La responsabilidad recae en los promotores de dicho PGOU, que estaban advertidos”, razonan. Y es que recuerdan que, desde el año 2007, la organización realiza alegaciones a planes urbanísticos de otras ciudades andaluzas. “En todos y cada uno de ellos, se advirtió que se estaba incumpliendo gravemente el artículo 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006. El posible motivo de ese descarado incumplimiento, no es otro que el aplicar un crecimiento desmesurado de suelo, adecuándolo a los intereses de unos pocos, frente al interés en mejorar la ciudad desarrollando sus potenciales, que repercutirían positivamente en la mayoría”, sostienen y dejan claro que esta advertencia se hizo expresa en el caso de PGOU de Jaén, tanto a través de alegaciones, como en el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio.