Empieza el juicio por el caso de las recetas infladas al SAS
Los regentes de una farmacia en Huelma serán los primeros en declarar
La Audiencia Provincial acoge el juicio del caso de las recetas supuestamente infladas al Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuya investigación por la Guardia Civil comenzó en el verano de 2016. Está previsto que se juzgue a los dos primeros farmacéuticos de los tres que deberán sentarse en el banquillo. Los intentos por cerrar un acuerdo que lleve a una sentencia por conformidad provocó en noviembre del año pasado a retrasar la vista hasta este mes de febrero.
Los primeros en sentarse en el banquillo son un matrimonio que regenta una farmacia en Huelma, aunque en el caso de ella el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento. Tras meses de pesquisas, la investigación se cerró descartando que hubiera un fraude generalizado por parte de las farmacias en la provincia, pero sí se presentó acusación en dos casos concretos que se enjuiciarán por separado, el primero de ellos hoy, cuando ocupen el banquillo A J M P y su esposa C G C.
El Ministerio Fiscal recoge en su escrito de calificación provisional: “A J M O ideó un sistema para defraudar a la Administración Sanitaria de Andalucía, de tal manera que pudiera percibir cuantiosos ingresos económicos en la comercialización de medicamentos y productos sanitarios”.
Fiscalía fecha la actividad delictiva entre septiembre de 2012 y octubre de 2016. Según se apunta desde el Ministerio Público, todo giraba en torno a la facturación de los importes correspondientes a los medicamentos y productos que debían dispensarse a través de las recetas oficiales de la Seguridad Social, amparando el acusado su impunidad en la creencia de que la Administración no dudaba, en ningún momento, de la eficacia de su sistema de control.
El escrito señala que el acusado “para conseguir su objetivo defraudatorio y de lucro ilícito, en las recetas electrónicas, en muchas ocasiones, dispensaba solo alguno o algunos de los medicamentos o productos prescritos, facturando, sin entregar, otros igualmente prescritos o no prescritos. Además, en las recetas de papel si estaban rellenas, facturaba el importe de medicamentos o productos distintos y más caros que los prescritos y si estaban en blanco generaba como dispensado el que estimaba más conveniente.
Por todo ello, la Administración Sanitaria Andaluza le reclama 1.558.515,47 euros correspondientes a la facturación y cobro por el acusado de medicamentos y productos sanitarios que no ha dispensado, ya que los mismos nunca le fueron suministrados por ningún proveedor. El Ministerio Fiscal calificó estos hechos como constitutivos de un delito continuado de falsificación de documento oficial y otro continuado de estafa por el que le reclama cuatro años y medio de cárcel y 2.400 euros de multa e indemnizar al SAS con 1,5 millones de euros.
En el otro caso, el que se juzgará el próximo 30 de marzo, el Ministerio Fiscal reclama para la farmacéutica M L H G cuatro años y medio de prisión, 2.400 euros de multa e indemnizar al SAS con una cantidad de 932.684,89 euros. A la oftalmóloga A P R se le reclama una pena de un año de cárcel.