El banquillo del caso “Matinsreg” acecha ya a Fernández de Moya

El juez atribuye al exalcalde prevaricación, malversación y tráfico de influencias

16 abr 2019 / 08:30 H.

José Enrique Fernández de Moya, Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral Negrillo están al borde del banquillo de los acusados por el llamado caso “Matinsreg”. Así lo ha decidido el magistrado Antonio Valdivia, que dirige las pesquisas por el supuesto saqueo con facturas infladas o directamente falsas de unos 4 millones de euros por parte de esta empresa zamorana, que fue contratada “de facto” por el Ayuntamiento de Jaén para el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital entre agosto de 2012 y septiembre de 2013. Junto al exalcalde y los dos antiguos concejales, el juez instructor mantiene como investigados al empresario José M. A., a su hija Alicia M. F. y a su yerno Rodrigo García Cámara, así como al técnico municipal Agustín S. G. y a los empresarios Luis Gregorio G. V. y Isidoro Hipólito C. S. Su señoría dicta el sobreseimiento con respecto a Rosa Cárdenas.

El juez Valdivia desgrana en su auto de 28 páginas cuáles son los indicios existentes hasta ahora para sostener “los hechos de incriminación delictiva” a cada uno de los nueve investigados de esta compleja macrocausa. La primera decisión de calado es que mantiene en el procedimiento judicial a José Enrique Fernández de Moya. Su defensa había pedido el sobreseimiento de la causa. El juez lo mantiene como investigado como presunto autor de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. “Lógicamente, no estamos de acuerdo con la valoración de la prueba que hace el juez y vamos a recurrir el auto a la Audiencia”, insisten fuentes de la defensa del exalcalde y exsecretario de Estado de Hacienda. El juez Valdivia sostiene que Fernández de Moya “conoció, consintió y aceptó” que Matinsreg iba a ser designada como la concesionaria del mantenimiento de las fuentes de la capital. El magistrado explica que la contratación de la empresa zamorana “se llevó a cabo al margen de cualquier vía administrativa, sin documentar, sin solicitudes formales, sin resoluciones de ninguna índole”. Añade, además, que el secretario municipal asesoró al entonces al alcalde sobre las “vías legales a adoptar” para hacer frente a la marcha por impagos de la anterior empresa concesionaria, Imesapi: “No lo hizo (...). Dio vía libre al representante de Matinsreg para que asumiera de hecho la prestación de los referidos servicios”, explica su señoría en su auto. Se refiere a una reunión que, según el coordinador de la Mantenimiento Urbano, tuvo con el gerente de la empresa zamorana el 8 de agosto de 2012, un día antes de que la mercantil comenzara a trabajar para e Ayuntamiento de Jaén.

El juez también remarca que José Enrique Fernández de Moya “levantó sistemáticamente” todos los reparos de legalidad que reiteradamente formulaba el interventor municipal a las facturas presentadas por Matinsreg para que no se pagase: “Permitió así que se consumara la ilícita apropiación económica y el consiguiente perjuicio municipal”.

El auto del juez Valdivia hace un recorrido cronológico para explicar la participación de todos y cada uno de los nueve investigados. Relata que, según su criterio, fue García Anguita el que concertó con el empresario José M. A. la elección de la empresa que se encargara del mantenimiento de las fuentes. Esa empresa fue Matinsreg, cuyo gerente es el también imputado Luis Gregorio G. V. Como ya se ha dicho, el juez instructor sostiene que esa contratación se hizo “de facto”, sin procedimiento administrativo alguno y con el conocimiento y la aceptación de Fernández de Moya y de Manuel del Moral.

Con respecto a García Anguita, el juez asegura que, presuntamente, cesó al funcionario que debía visar las facturas —al que el mismo concejal había designado al frente de la Oficina de Control de las Empresas Concesionarias— y “colocó” en ese mismo a Agustín S. G., que fue el conformó las facturas “infladas” o “falsas” de Matinsreg. A cambio, el hijo del trabajador municipal fue contratado por la empresa zamorana, al igual que dos familiares de Manuel del Moral —su hija y su cuñado—.

El auto judicial otorga un papel “relevante” al empresario José M. A. “Era la persona encargada de conseguir que los documentos presentados al cobro (elaborados por su hija y su yerno en colaboración con Matinsreg) cumplieran todos los requisitos informativos y pasaran todos los filtros y actos de fiscalización”, añade el magistrado. De hecho, en un documento que se protocolizó ante notario, se comprometió para que todas las facturas de Matinsreg cuenten con todos los sellos y firmas necesarios para que puedan cobrarse. “¿Cómo es posible que esta extraordinaria capacidad de influencia se lleva a cabo si el señor José M. A. solo conocía en el Ayuntamiento a García Anguita?”, se pregunta el magistrado.

Rosa Cárdenas: “He trabajado con mucho cariño y honradez por Jaén”
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Está contenta con la decisión judicial de dejarla fuera del caso “Matinsreg”, aunque asegura que ha sufrido un “calvario” totalmente injusto. La concejal de Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, asegura a este periódico: “He trabajado mucho y con todo el cariño y honradez por esta ciudad, y todo el mundo que me conoce lo sabe”. Subraya que el daño realizado tanto a su familia como a ella es irreparable, aunque durante todo el proceso dice que siempre tuvo la conciencia tranquila. Se va del Imefe con el deber cumplido, ya que logró cancelar una póliza de 900.000 euros y deja la “despensa” llena con un programa de formación de 5 millones de euros. Es solo un ejemplo de su gestión.

Rosa Cárdenas fue investigada en el procedimiento porque, como alcaldesa accidental y en sustitución de Fernández de Moya, firmó el documento por el que el Ayuntamiento hacía la encomienda de gestión a Matinsreg para que se encargara del mantenimiento de las fuentes de la ciudad. No obstante, la juez da la razón a los argumentos planteados por el abogado defensor de Cárdenas, Salvador Martín Valdivia, y entiende que ese documento “no tuvo influencia alguna en la consumación de la malversación”. Su señoría califica la intervención de la concejal como “imprudente”, “negligente o poco diligente” al firmar sin comprobar la existencia de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, entiende que no es delito.