El Ayuntamiento se personará en la causa contra el exalcalde por supuestas facturas falsas
El Ayuntamiento de Jaén se personará en la nueva causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital jiennense por una red de empresas que supuestamente facturaban fraudulentamente al Consistorio y en la que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta entre las personas presuntamente responsables al exalcalde y exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya (PP).
Se trata de la investigación abierta por una pieza separada de Matinsreg, conocido como el “caso de las fuentes” y por la que Férnandez de Moya, junto con otros ocho procesados, deberá sentarse en el banquillo de la Audiencia de Jaén. La instrucción de Matinsreg ya está finalizada y se está a la espera de que la Audiencia señale el juicio.
Ahora, con la pieza separada, al igual que Matinsreg, lo que está sobre la mesa son supuestos pagos “inflados” de facturas con dinero del Ayuntamiento. En Matinsreg el perjuicio económico para las arcas municipales, según ha indicado el alcalde, Julio Millán (PSOE), en declaraciones a los medios, ascendería a 3,5 millones, mientras que en la pieza separada el sobrecoste de las facturas ascendería a unos 2,6 millones de euros.
“Daré las indicaciones adecuadas para que nos personemos y conozcamos desde el Ayuntamiento la situación en la que se encuentra el procedimiento y poder recuperar hasta el último céntimo de este dinero que finalmente no se dirigió a lo que debía dirigirse”, ha dicho el alcalde.
Las conclusiones del informe de la UCO sobre la pieza separada, avanzado por la Cadena Ser, y al que ha tenido acceso Europa Press revela “acciones u omisiones en cuanto a la contratación, fiscalización, facturación y liquidación de deuda”, relacionado todo ello con obras de mantenimiento urbano realizadas en la ciudad de Jaén.
Según la investigación de la Guardia Civil provocó “el enriquecimiento de varias empresas a través de una facturación manifiestamente falsa como de varios individuos que actuaron como intermediarios entre estas empresas y el Ayuntamiento de Jaén, y que a través de una estructura mercantil familiar facturaron a las empresas que realizaron los trabajos de mantenimiento urbano”. En algunos de los casos, incluso trabajos que nunca se realizaron pero sí se cobraron.
Según manifestaciones de los trabajadores que realizaron obras facturadas por las diferentes mercantiles, así como documentación de los proveedores de materiales, “muchos de los conceptos facturados son falsos, bien por no haber sido utilizados o por estar ya incluidos en otro concepto y por tanto facturados por duplicado”. Además, se recoge que “sistemáticamente facturaron el doble de trabajadores”.
Concluye también la Guardia Civil que “independientemente de los trabajos a realizar por una empresa concreta, los precios estaban previamente pactos para todas las obras e incrementados de manera exagerada”.
Desde 14 agosto de 2012 al 13 de marzo de 2015 fueron giradas al Ayuntamiento 116 facturas por seis empresas y que se corresponden con trabajos de mantenimiento urbano por 3.494.638,26. El sobrecoste detectado en estas facturas, calculado por la investigación de la Guardia Civil asciende a 2.674.196,62 euros.
Todas las mercantiles mantenían relación con AIR Estudio donde “se realizaban las facturas para todas y cada una de las empresas y en base a unos precios acordados, incrementando el costo de estas con el objetivo de que el monto de los facturado coincida con una cantidad convenida anteriormente”.
Para que todo este entramado acabara cobrando las facturas supuestamente falsas, la Guardia Civil, apunta a la participación de Fernández de Moya, del primer teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita, y del concejal Manuel del Moral, además de dos técnicos del Ayuntamiento. Por parte las empresas, la Guardia Civil señala a otras 16 personas más.
En concreto, a Fernández de Moya se les responsabiliza desde la Guardia Civil de haber firmado para levantar hasta 47 reparos de legalidad a las facturas y así permitir su cobro por parte del entramado de empresas.
También hace constar la Guardia Civil que las empresas señaladas “han cobrado casi la totalidad de lo facturado de forma fraudulenta unas, y otras según contratos fraccionados”. En este sentido, la UCO pone de manifiesto que los sistema de fiscalización del Ayuntamiento de Jaén, a excepción de la Intervención y de la Tesorería, “no funcionaron correctamente en cuanto a la adjudicación, supervisión de los trabajo y la facturación”.
Según el informe, los hechos investigados son indiciariamente compatibles con los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental en documentos mercantiles, y blanqueo de capitales.