El Ayuntamiento quiere salvar el PGOU alegando indefensión

El TSJA admite que el Gobierno local no pudo recurrir el fallo y le da la oportunidad

08 mar 2018 / 08:53 H.

Nada más conocer extraoficialmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que echaba por tierra el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2014 y, en vigor desde 2016, el Ayuntamiento dio instrucciones a sus servicios jurídicos y a la procuradora para dejar claro ante el alto tribunal andaluz que, aunque es parte afectada, la Administración local no pudo alegar en el proceso, es decir, se dio una situación de indefensión. Lo explicó el alcalde, Javier Márquez, que aclaró que, con este argumento, el Gobierno local quiere declarar nulo el fallo. Es la misma táctica que tiene el Ayuntamiento de Baeza, también con su PGOU en el aire. El anuncio fue por la mañana y, pasadas las cinco de la tarde, una nota urgente del gabinete de comunicación municipal informó de que el TSJA había atendido la petición del Ayuntamiento y, por lo tanto, la maquinaria judicial se frena por el momento. ¿Qué sucede? Deja de contar el plazo para la presentación del recurso de casación, ante el Tribunal Supremo, que vencía el próximo 15 de marzo; hasta ayer, era la única alternativa que se planteaba para evitar que la norma urbanística local quede sin efecto. En este primer escenario, le correspondía defender la legalidad del PGOU a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, contra la que Inversiones Olivencia emprendió un pleito que finalmente prosperó. La Junta deja la responsabilidad de recurrir o no el dictamen al criterio de su equipo de letrados. Al atender la solicitud municipal se abre un nuevo plazo a las partes, incluido el Ayuntamiento, para que traten de defender la legalidad del documento de planeamiento urbanístico. Esta posibilidad de acudir de nuevo a la Justicia también se abre para la Administración local y para los denunciantes, Inversiones Olivencia, que fueron los que destaparon que el PGOU no contaba con Evaluación Ambiental Estratégica ni estudio económico, en su intento por lograr una nueva calificación para unos terrenos junto al Hotel HO Ciudad de Jaén, que no lograron.

El PGOU jiennense, en definitiva, gana tiempo y eso es precisamente, lo que quiere el alcalde, Javier Márquez a toda costa. Mira a Las Lagunillas, donde se construye el centro comercial Jaén Plaza, con una inversión superior a los 80 millones de euros y unos mil empleos asociados. Y es que, mientras más tiempo esté vigente el último PGOU, más pueden avanzar las obras para construirlo. Rl regidor no ve tan sencillo acudir a las modificaciones puntuales para que avancen los proyectos, aunque la Junta no desdeñe las bondades de esta vía, apoyada en la experiencia de Marbella, con una situación parecida a la de Jaén. Para el máximo responsable municipal la clave está en agilizar al máximo el gran centro comercial y, para ello, reclama a la Junta que emita un informe medioambiental que es básico para poder comenzar a dar licencias a los operadores que quieren instalarse, desde Inditex a Yelmo Cines, puesto que, como reconoció, ni siquiera Decathlon y Leroy Merlín, que ya tienen en marcha el proceso burocrático para construir sus tiendas y abrir, tienen todavía todos los requisitos que exige la Junta. Márquez, que dijo que Alvores, los promotores del proyecto, tienen su misma opinión, se mostró confiado de que, pese a todo, puedan cumplirse los plazos para la inauguración, aunque sea en un plazo tan cercano como final de año.

Y es que el Gobierno local quiere evitar a toda costa verse en la obligación de redactar un nuevo PGOU, convencido el alcalde de que no estaría listo, como pronto, hasta el mandato 2023-2027, por las “devastadoras” consecuencias que tendría para el desarrollo urbano. No es fácil evitarlo, porque, aunque se libre de este fallo en contra, hay, al menos, otros tres procesos que quieren detener el PGOU por parte de Jaén en Común, Ecologistas en Acción y Hacienda Las Cuevas.

“Empresas extranjeras que ya no van a venir”

El alcalde, Javier Márquez, desveló, en la concurrida rueda de prensa que ofreció tras el fallo en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, en sus palabras, “hay empresas extranjeras que ya no van a venir”. Aseguró que se lo habían comunicado, el pasado martes, ahuyentados por la “inseguridad jurídica” que dibuja la sentencia que, si nada lo remedia, obligará a que el planeamiento urbanístico legal se retrotraiga a 1996, fecha del último PGOU. De ahí que, durante esta comparencia, insistiera que, independientemente de las acciones que impulsara la Administración local, la Junta, que es la que aprueba el documento conforme a su normativa, deba de hacer todo lo posible por lograr que salga adelante y no se “asuste a los inversores”. Márquez cree un disparate rehacer el PGOU, sobre todo, en plena reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Ni tranvía, ni Ciudad de la Justicia, ni instituto

Convencido el alcalde, Javier Márquez, de que el Ayuntamiento “tiene claro que va a dar la cara” por proyectos para la ciudad, presionó a la Junta con el argumento de que, el freno al Plan General de Ordenación Urbana, puede ralentizar trámites como la regularización de las zonas residenciales de los Puentes o el instituto en el solar del APA III, en el casco antiguo, al afectar al terreno cedido a la Junta por el Ayuntamiento para llevar a cabo esta operación, en el antiguo colegio Santa Teresa, al no estar considerado como dotacional en el PGOU de 1996. El propio tranvía fue incluido en el documento urbanístico de 2014, al igual que la Estación Intermodal o la ampliación del Campus de Las Lagunillas. En cuanto a la Ciudad de la Justicia, que también puede verse afectada, el máximo responsable municipal dijo que, ante la petición de la Consejería de Justicia para que le ceda suelo, contestó que no “puede fabricarlo”.