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viernes, 16 agosto 2019
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URGENTE

El Ayuntamiento mira con lupa a la concesionaria de las fuentes

La oficina de control de contratos estudia si Tecdoa-Indra incumple sus compromisos
  • TRABAJO. Un operario realiza labores de mantenimiento de la fuente de la Plaza Deán Mazas.
    TRABAJO. Un operario realiza labores de mantenimiento de la fuente de la Plaza Deán Mazas.

El pleno de la Corporación aprobó, en la sesión correspondiente a junio de 2018, pee a la abstención del PSOE y JeC, la creación de la Oficina de Control de Contratos. La puesta en marcha de esta unidad municipal, con personal propio, destinada a comprobar si las concesionarias cumplen al dedillo los acuerdos alcanzados con la Administración local es, en gran medida, un empeño personal del concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, mano derecha del alcalde, Javier Márquez. En estos primeros ochos meses de funcionamiento, que incluyen agosto cuando la actividad municipal se ralentiza por las vacaciones, la oficina logró culminar un informe que detectó 14 incumplimientos del contrato por parte de FCC, responsable de la recogida de basura y la limpieza viaria, y ya tiene listo el borrador con un análisis exhaustivo del trabajo de la unión temporal de empresas Tecdoa-Indra, que tiene la concesión del mantenimiento de semáforos, alumbrado público y fuentes ornamentales.

Una vez que el documento se eleve a definitivo, se le dará traslado a la Corporación Municipal. Habrá que ver si, como en el caso de FCC, cabe aplicar penalidades a la contratista responsable del mantenimiento de fuentes y luminarias. Los ojos del equipo de control también buscarán posibles deficiencias en la prestación del servicio de Aqualia, encargada del suministro de agua, tal y como dejó claro ya el mes pasado el concejal Manuel Bonilla. Este órgano también intervino al plantear sanciones al centro deportivo de La Victoria, por no abonar la tasa de ocupación de la vía pública que le corresponde. El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, dejó claro que el Gobierno local aumentaba la fiscalización sobre las concesionarias para atender “una exigencia derivada de la nueva ley de contratos del sector público”, en vigor desde marzo de 2018. Con esta nueva herramienta, la Administración local asume nuevas competencias, como la posibilidad de realizar inspecciones en instalaciones de contratistas, al tiempo que se limita la contratación menor con nuevos requisitos más exigentes. También se incorporan directrices europeas para “aumentar la transparencia y fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en procesos de licitación”. Bonilla ya se mostró convencido de la necesidad de crear un plan anual de licitación que sirva como hoja de ruta para que los empresarios puedan tomar decisiones con autonomía y antelación.

La Oficina de Control de Empresas Concesionarias se creó en 2013 con lo que, con el nuevo órgano, se aprovechó para incrementar el personal en este área y poner al frente a una funcionaria experta en la materia. Las quejas por la falta de control del Gobierno municipal sobre las distintas empresas que prestan servicios es una queja habitual de la oposición, que considera que este “déficit” puede llegar a suponer un menoscabo para las arcas municipales. Precisamente, en el último pleno municipal, celebrado el lunes, se aprobó una moción que reclama un aumento de la iluminación en algunas zonas de la capital, un texto que defendieron los socialistas, con el argumento de que así crecería la percepción de seguridad del ciudadano. En el debate se llegaron a pedir responsabilidades para la contratista, por si no cumple bien con sus obligaciones contractuales.

Un expediente contra FCC que ya está en marcha y un informe sobre posibles irregularidades de Castillo

En el pleno ordinario de enero se aprobó, por unanimidad, la puesta en marcha de un expediente a la empresa FCC por infracciones en la ejecución del contrato de gestión de los servicios de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y servicios complementarios de desratización, desinfección y desinsectación. Hasta 14 incumplimientos del contrato son las que contempla este expediente, con el que el Ayuntamiento jiennense propone sancionar la empresa con una penalización de 338.000 euros. El documento se fundamenta en el informe elaborado por la Oficina Municipal de Control de Empresas Concesionarias, en el que se recogen infracciones en la prestación del servicio durante los seis meses posteriores al plazo de prueba recogido en el contrato, es decir de junio a diciembre del pasado año. Para realizar esta labor de fiscalización se emplearon, entre otros instrumentos, las actas levantadas por la Policía Local y las notificaciones de los propios técnicos municipales. En la junta de portavoces previa a la celebración de ese pleno, el portavoz del PSOE, Manuel Fernández, propuso que no solo se plantee la sanción económica a FCC sino que también se aplique la Ley de Contratos y se detraiga de la facturación el coste proporcional de los servicios que no se han prestado correctamente por la empresa concesionaria. Actualmente, el procedimiento está en la fase de alegaciones, en la que FCC tiene la posibilidad de presentar sus argumentos para tratar de reducir o evitar que se le impongan las sanciones económicas. La Administración local también estudia si Autobuses Castillo, concesionaria del servicio de transporte, incumplió las condiciones del acuerdo que le vincula al Ayuntamiento. En este caso fue la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, que es la que se encarga de revisar la actividad de esta compañía, la que remitió un escrito a la empresa al comprobar que había vendido, sin consentimiento municipal, dos microbuses. Hay en marcha un informe jurídico para determinar en que responsabilidades ha incurrido.