Cerco al Grupo 1060-José Antonio

Algo más de un año después desde que la Gerencia de Urbanismo prescribiera a los propietarios del Grupo 1060-José Antonio, del barrio de “Las Protegidas”, el desalojo preventivo de los 28 pisos que están en las últimas plantas de los bloques y el vallado perimetral “por el riesgo de desplome de la cubierta” y el estado de deterioro en el que se encuentran los balcones, el Ayuntamiento ha empezado a cercarlo. Lo hace impelido por las circunstancias y por las limitaciones aducidas por la comunidad, que se dijo incapaz de obligar a los dueños de las viviendas a abandonarlas, sin una alternativa habitacional, y sin poder adquisitivo para vallar la manzana con recursos propios.

En su día, el alcalde, Javier Márquez, se comprometió con los vecinos a que el Ayuntamiento cercaría la zona y, ahora, lo ha hecho, pero parcialmente, en el lateral que da a la calle Fermín Palma. “Por el coste, a lo mejor, no pueden asumir el vallado de todo”, aventuró el administrador del grupo, José Luis Villagrán, que informó a este periódico de que los técnicos municipales “se han comprometido” con la comunidad a revisar los tejados de cada bloque. El objetivo es certificar si los catorce “están todos igual de mal o no y evitar el desalojo”. La resolución de medidas cautelares que la Gerencia de Urbanismo dictó en octubre del año pasado partía del deterioro de las zonas comunes que confirmó la Inspección Técnica de Edificios (ITE) contratada por los propietarios y que fue corroborada por la visita misma de empleados municipales.

El contenido de la orden se trasladó a los vecinos en una reunión. “Pero conlleva un trastorno tan grande” —justificó Villagrán— que ninguno ha desalojado su vivienda. La cuestión de fondo es que su incumplimiento puede tener consecuencias. Y ni al administrador de fincas, ni a los propietarios se les escapan. Si ocurre algo —es la pregunta—, ¿de quién es la responsabilidad, de los vecinos o de quien no ha hecho cumplir la orden? “Nosotros hemos hecho unas obras de retejado, hemos sellado fisuras y limpiado canalones. Entendemos que los tejados no se van a caer —apuntó el administrador—, pero lo que están mal son las vigas de madera que sostienen el tejado, que están carcomidas”. Y, “por seguridad”, antes de que se desprenda alguna teja o caiga un cascote a la calle y pueda provocar algún accidente, el Ayuntamiento —valoró— ha decidido pasar a la acción con el vallado perimetral.

El cercado, sin embargo, tiene divididos a los vecinos. Hay quienes creen que no es necesario y también los que sienten que este es el principio del desalojo, cuando el interior de sus viviendas —subrayan— está en buenas condiciones. Villagrán confiesa que no comparte esta posición. “Pienso que, por seguridad, es necesario y, si el Ayuntamiento puede ayudarnos, agradecidos le estamos porque nos costaría mucho dinero [aunque no supo concretar cuánto]. Si, mañana, se desprendiera algo de un balcón, sería responsabilidad de todos porque hay una orden municipal”, resume.

El pasado 1 de diciembre, el alcalde mantuvo una reunión en el Ayuntamiento con propietarios del grupo de viviendas y les aseguró: “El Ayuntamiento está dispuesto a ayudar en lo que sea necesario, pero es la Junta de Andalucía la que tiene que actuar ya”. También les anunció que el PP elevará una nueva Proposición No de Ley (PNL) al Parlamento exigiendo, por enésima vez, al Ejecutivo autonómico que ejecute la orden de ayudas que aprobó en febrero de 2009 para rehabilitar los inmuebles. De forma paralela a la reivindicación política, el Grupo 1060-José Antonio sigue luchando en los tribunales por que esa inversión de seis millones de euros (veinticuatro para el conjunto de Las Protegidas) que se les aseguró, se materialice antes de que el deterioro sea irreparable y haya que lamentar alguna tragedia. Ya se sienten “en una ratonera”.