La juez Alaya ordena detener a la exdelegada de Empleo

La juez Mercedes Alaya aún no le había tomado declaración por el supuesto fraude en los cursos de formación. La que fuera delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén entre el 19 de noviembre de 2009 hasta el 1 de agosto de 2012, pasó ayer el que, seguramente, fue el día más amargo de su vida. A primera hora de la mañana, antes de las nueve, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo de elite de la Guardia Civil, acudieron hasta su casa de Torredelcampo. Allí mismo, le leyeron sus derechos en calidad de detenida —por delitos de prevaricación y malversación— y le pidieron que los acompañase. De forma casi inmediata, fue trasladada desde Jaén hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.
De esta modo, Irene Sabalete se convertía en uno de los dieciséis exaltos cargos de la Junta de Andalucía detenidos en el marco de la bautizada como operación “Barrado”, dirigida por la magistrada Mercedes Alaya y que investiga presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta. Con la resaca electoral todavía en el horizonte, la juez dio un paso más en una macrocausa que emprendió hace ahora año y medio. Ayer, apenas dos días después de la victoria socialista en las urnas, ordenó a los agentes de la UCO el arresto de dieciséis exaltos cargos de la Administración autonómica.
La magistrada investiga un supuesto fraude en los fondos procedentes de la Unión Europea para formar a los desempleados y que, supuestamente, generó un extenso fraude en todas las provincias. La nueva fase policial se ha dirigido contra los responsables políticos que concedieron esas subvenciones. Uno de ellos es la anterior delegada Provincial de Empleo
Irene Sabalete, que actualmente ocupa el cargo de coordinadora de Diseño y Estrategia de la Red Andalucía Emprende en Jaén, fue interrogada, en primer lugar, por los agentes de la Guardia Civil. Contestó a todas las preguntas que le hicieron, según informaron fuentes de su defensa. En sus respuestas, argumentó que no cometió irregularidad alguna en su gestión al frente de la Delegación Provincial de Empleo, que todas sus resoluciones se ajustaron a la normativa vigente, que estaban consensuadas con los servicios técnicos de la Administración y que todo fue legal. En concreto, le cuestionaron por algunos expedientes de ayudas que tenían reparos de la Intervención y Sabalete contestó que todos fueron solucionados.
Pasadas las ocho de la tarde, la antigua responsable de la Administración autonómica fue trasladada desde la Comandancia de Sevilla al Juzgado de Instrucción número 6. Llegó en un vehículo policial camuflado y custodiada por dos agentes de la Unidad Central Operativa. No llevaba esposas. Al cierre de esta edición, todavía no había entrado al despacho de la juez hasta pasadas las diez y media de la noche, según confirman fuentes judiciales cercanas al caso. Su defensa explicó que no tenía intención de acogerse a su derecho a no declarar y que iba a contestar a todas las preguntas de la instructora. Tras el interrogatorio, la ley ordena que es necesario celebrar una vistilla para ver si queda en libertad.
La operación “Barrado”, dirigida por la magistrada sevillana y realizada por la Guardia Civil, se desarrolla de forma paralela a la conocida como operación “Edu”, que está en manos de la Policía Nacional y supervisada por diferentes jueces en cada una de las provincias. Las dos investigan lo mismo: un supuesto fraude en los cursos de formación. Alaya, que abrió diligencias hace un año y medio, solo había imputado hasta ahora en esta causa a los exconsejeros Ángel Ojeda y Antonio Fernández. Ahora, con esta nueva fase, lo que ha hecho ha sido ampliar la responsabilidad penal a los segundos espadas, es decir, a los altos cargos que firmaron la concesión de las ayudas. Alaya acusa a estos responsables políticos de no haber controlado la gestión de los cursos de formación, es decir, de dar las subvenciones y no controlar a dónde iban a parar. Esa falta de vigilancia desde la Administración provocó cursos que no se impartieron, empresarios que declararon más alumnos de los realmente formados y otras irregularidades.
La causa está parcialmente secreta desde el pasado 20 enero, cuando en un auto, Mercedes Alaya dijo haber detectado importantes “bolsas de fraude”. Un mes después, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las “distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma”.  Entonces, señaló: “Del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando”. Esa nueva línea es la operación “Barrado”, en la que la Guardia Civil detuvo a 16 antiguos responsables de la Junta, imputó a otras cinco personas y práctico dos registros. Irene Sabalete defendió ante la Guardia Civil y ante la magistrada que todas sus actuaciones se ajustaron a la normativa vigente y fueron supervisadas por los técnicos, tal y como señalan fuentes de su defensa.