La Fiscalía pide inhabilitar a Torra por los lazos amarillos
Constata el “desprecio” del presidente catalán a cumplir la orden de la JEC
La Fiscalía Superior de Cataluña pidió condenar a una inhabilitación de un año y ocho meses al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) al no ordenar la retirada de lazos amarillos y ‘estelades’ de los edificios de la Generalitat en periodo electoral.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pidió abrir juicio oral al presidente ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha instruido el caso, y condenarle por un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, además de proponer multarle con 30.000 euros.
El Ministerio Público pide inhabilitarle durante este periodo para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en estos ámbitos concretos, lo que conlleva la privación definitiva de estos cargos y honores durante el tiempo de condena y la imposibilidad de obtenerlos en este tiempo.
En el escrito de acusación, la Fiscalía relató que Torra recibió el pasado 11 de marzo una resolución de la JEC en el que se le instaba, en el plazo máximo de 48 horas, a la “inmediata retirada de las banderas ‘estelades’ o lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat”.
La Fiscalía relató cómo, a pesar de la claridad de la orden emitida por la JEC, Torra “decidió desatenderla pese a ser conocedor de que la misma era firme en vía administrativa y que debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento”.
Asimismo, constató que poco tiempo antes del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la orden, a raíz de un expediente abierto por una reclamación de Cs, el presidente presentó un escrito interesando una reconsideración del acuerdo.
A ojos del fiscal, la reconsideración era “improcedente al tratarse de una resolución administrativa firme”, pero aun así la JEC la admitió otorgándole naturaleza de recurso de reposición, anunciando la decisión para una reunión del lunes 18 de marzo.
Tras este anuncio de la JEC, Torra, en una comparecencia en Tarragona el 14 de marzo, “manifestó su negativa a retirar la simbología aludida por la JEC”.
El pasado 18 de marzo, la JEC acordó reiterar al presidente de la Generalitat el requerimiento de retirar los lazos en el plazo de 24 horas, adscribiéndole de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, si persistía en desobedecer, y requirió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para que informara de si Torra finalmente cumplía.
En su declaración como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 15 de mayo, Torra afirmó: “Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos”. Consideró que la orden de la JEC “era una orden manifiestamente ilegal dictada por un órgano que no era competente en absoluto” y que no era superior a él.
La Guardia Civil se personó ayer en algunos departamentos de la Generalitat para reclamar varios expedientes administrativos vinculados con la logística del 1-O, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Lo hicieron en cumplimiento de la orden de la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O, que ofició al Instituto Armado a personarse en varios departamentos para reclamar aquella documentación requerida anteriormente por la Fiscalía.
En concreto, el juzgado acordó reclamar documentación a la Conselleria de Presidencia; a la de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia; la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, así como a la Intervención General y al Gabinete Jurídico Central.
La jueza acordó reclamar expedientes administrativos como el de la contratación del evolutivo de la aplicación del registro de catalanes en el exterior, o el de la contratación del evolutivo de la aplicación ‘Connecta’t al voluntariat’.
La magistrada también citó a declarar como investigado al delegado del Govern de la Generalitat de Cataluña en Suiza, Manuel Manonelles, para el viernes 19 de julio a las 10 horas de la mañana.
Según un auto, la juez Alejandra Gil también cita ese día a otros procesados en la causa, como Aleix Villatoro, Marta Garsaball y Rosa Vidal, para que den explicaciones en ese sentido y en relación a un expediente de contratación mediante la delegación en Ginebra de la Generalitat.