La cúpula del “Procés” a juicio
El Tribunal Supremo sienta en el banquillo a los 18 líderes independentistas
El Tribunal Supremo dictó ayer dos autos con los que confirma el cierre de la instrucción sobre el proceso soberanista en Cataluña, que realizó el juez Pablo Llarena, y sienta en el banquillo de los acusados a 18 líderes independentistas procesados por el delito de rebelión y malversación de caudales públicos, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros en prisión o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
Por otra parte, la Sala ratificó también el sobreseimiento de la causa respecto del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exdirigente de PDeCAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) Neus Lloveras. Además, da un plazo de cinco días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox para que presenten su escrito de calificación.
Estas resoluciones suponen el pistoletazo de salida del juicio que comenzará en los próximos meses y en el que siete magistrados de la Sala de lo Penal —el presidente, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo— juzgarán a los procesados por rebelión y malversación que se encuentran en prisión provisional. Son el exvicepresidente Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull; el expresidente de la Asociación Nacional Catalana Jordi Sánchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y la expresidenta de la cámara parlamentaria catalana Carme Forcadell (estos tres últimos solo imputados formalmente por el primero de los delitos).
También serán enjuiciados los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila procesados por desobediencia y malversación; así como la expresidenta del grupo parlamentario CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a quienes el juez Llarena les imputó el delito de desobediencia.
Quienes por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; los exconsejeros Toni Comín, Meritexell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ya que todos ellos se encuentra huidos. Se les someterá a un juicio diferente cuando sean puestos a disposición de la Justicia española.
La Sala rechaza la petición de la mayoría de las defensas de que los magistrados que van a celebrar el juicio se pronuncien ya acerca de si concurre la violencia necesaria que define el delito de rebelión. “Nuestra tarea se limita a un control negativo de la tipicidad”, explica el Supremo, al tiempo que destaca que el “empeño” de los letrados en que se manifiesten al respecto es “inasumible”.
Juicio a los catalanes. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, califica de “infamia” la decisión tomada por parte del Tribunal Supremo de enviar a juicio a los líderes soberanistas procesados y advierte de que no se juzgará solo a estos políticos, sino a más de 2,3 millones de catalanes.
Revisión. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió que se hable con los líderes independentistas en los márgenes del diálogo del Ejecutivo para resolver la crisis en Cataluña. Además, no quiso aclarar si el Gobierno revisará el delito de rebelión, asegurando que se “adecuará” en su momento.
Código penal. El diputado Rafael Hernando, miembro de la dirección del Grupo Popular en el Congreso, acusa al presidente del Gobierno de pretender “condicionar a los jueces” encargados de la causa del ‘procés’ y defiende mantener la vigente tipificación del delito de rebelión en el Código Penal.