El Supremo advierte otra vez a Torrent por desobediencia

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) volvió a advertir, por tercera vez, al presidente del Parlament, Roger Torrent, de las posibles responsabilidades, incluidas la penal, en las que puede incurrir si ignora las resoluciones del propio tribunal de garantías. Lo ha hecho a raíz de la admisión a trámite de los tres últimos incidentes de ejecución de sentencia planteados por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el acuerdo de la Mesa en los que se reiteran la disposición a debatir sobre el derecho de autodeterminación, la pretendida soberanía del pueblo catalán o la reprobación al Rey Felipe VI. El TC se reunió de urgencia, celebrando un Pleno extraordinario, para estudiar si admitían o no a trámite los recursos que el Consejo de Ministros acordó presentar el pasado jueves contra la admisión a trámite, el pasado 22 de octubre, por la Mesa del Parlament de una propuesta de Junts, ERC y la CUP en la que se rechaza la sentencia del Tribunal Supremo por el “procés” independentista, así como el acuerdo de la misma Mesa de 29 de octubre en el que se rechazó las solicitudes de reconsideración que presentaron PSC, Cs y PP.

Así, por la invocación del artículo 161.2 de la Constitución por parte del Gobierno, el Constitucional dejó en suspenso la vigencia del apartado 11 de la referida propuesta de resolución impugnada, en cuanto a que expresa que el Parlament “reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y diputadas... la reprobación de la Monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”.

El Gobierno insiste en que los acuerdos del 22 y 29 de octubre incumplen sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2015, 2018 y 2019 relacionadas con la independencia de Cataluña y la Monarquía. Pero también dos recientes providencias del Tribunal Constitucional notificadas los pasados 10 y el 16 de octubre en las que ya se advirtieron a Roger Torrent y a cada uno de los miembros del órgano que dirige el Parlament, así como en la segunda de ellas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de su deber de impedir cualquier actuación que ya haya sido suspendida o anulada por este tribunal. En dichas providencias, el TC hizo estos avisos tras admitir otros dos incidentes de ejecución planteados por el Gobierno contra dos resoluciones del Parlament aprobadas el 25 de julio sobre las “propuestas para la Cataluña real” y el 26 de septiembre sobre la “orientación política general del Govern”, en las que se reafirmaba el derecho de autodeterminación, la independencia de Cataluña y la reprobación del Rey.