El PP solicita las imágenes de Delcy Rodríguez en Barajas
Recuerda la “responsabilidad penal” que puede acarrear borrar las cintas
El Partido Popular recuerda la “responsabilidad penal” que puede acarrear el borrado de las imágenes de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, donde se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a pesar que la mandataria no podía aterrizar debido a las sanciones de la UE que pesan sobre ella por “graves violaciones de los derechos humanos”. Así lo expuso el partido de Pablo Casado en la denuncia presentada en el Juzgado de Guardia de Madrid, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que solicitan que el juez requiera a AENA, de manera “urgente” las cintas de su circuito de videovigilancia que se grabaron el pasado 20 de enero con la llegada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
En el texto, mencionan un burofax enviado a AENA el pasado 6 de enero, en el que se requería al gestor de los aeropuertos que se apercibiera al responsable de tratamiento de datos de Barajas de las responsabilidades, incluso penales, en las que puede incurrir en el caso de ordenar el borrado de las mencionadas cintas. En ese burofax se reclamó también que las imágenes se pusieran a disposición de la Fiscalía, señalando que ésta “ya investiga los hechos denunciados”.
No obstante, en otro punto de la denuncia se incluye una queja contra la Fiscalía General del Estado, donde el PP presentó una denuncia contra Ábalos por prevaricación el pasado 31 de enero, “sin que hasta la fecha haya tenido noticias de las actuaciones que haya llevado a cabo esa Fiscalía para su esclarecimiento”.
La petición que realizan ahora los populares en el Juzgado de Guardia para que no se destruyan las cintas tiene como fin “suspender” el plazo de cancelación de datos previsto en un mes desde su captación, como prevé el artículo 6 de la Instrucción 1/2006, dictada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en relación al tratamiento de datos personales confines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. El citado plazo se debe suspender en el caso de que haya una investigación judicial o policial de los hechos presuntamente delictivos que se hayan podido registrar en imágenes.
Y para evitar que las cintas sean destruidas transcurrido el mes de plazo que marca la ley para conservarlas, el PP se dirigió al juez de guardia con el fin de que incoe las correspondientes diligencias previas y con “carácter inmediato” y como “medida cautelar urgente” solicite a AENA las imágenes obtenidas aquel día.