El Estado va a “rastrear” el origen del dinero de Panamá

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que se va a “rastrear” el origen del dinero de las empresas desveladas en los “papeles de Panamá”, “sean quienes sean” sus titulares. “Desde el primero hasta el último de los que salen en ese listado”, dijo en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que precisó que se analizarán tanto las actuaciones de quienes figuran en esas cuentas como sus relaciones con terceros, para determinar el origen del dinero y si salió del país.

Santamaría recalcó que la Agencia Tributaria (AEAT) y la Fiscalía investigan de oficio, no por una cuestión política, y lo hacen “caiga quien caiga”, aunque dejó claro que ella no puede hablar de investigaciones a personas concretas. Por eso, opinó que el Congreso no es el lugar adecuado para dar explicaciones por este asunto, dado que no es una cuestión política. Sin embargo, dejó claro que el titular de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, no tendrá problema en hablar del asunto cuando comparezca hoy para explicar el déficit de 2015 y las medidas a adoptar para reducirlo. Según detalló, lo primero que está haciendo la AEAT es cruzar la información de los “papeles de Panamá”, con la que tiene de los contribuyentes que declararon bienes en el exterior —con el llamado “modelo 720”, obligatorio a partir de los 50.000 euros—.

Si los bienes no están declarados, sus titulares se enfrentan a una multa de hasta el 150 por ciento de la cuota defraudada por procedimiento administrativo, independientemente de que pueda haber también delito fiscal (a partir de 120.000 euros). Además, considera que las declaraciones realizadas hasta ahora por las autoridades panameñas hacen prever que habrá colaboración para investigar lo aflorado en esta filtración masiva de documentos, destapada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La AEAT, recalcó, tiene alta capacidad de investigación y mucho prestigio fuera de España.

La vicepresidenta defendió que a lo largo de la legislatura se ha reforzado mucho el ámbito de la investigación contra la evasión fiscal, se ha obligado a declarar los bienes en el extranjero a través del modelo 720 y se ha trabajado en el ámbito internacional, firmando convenios de intercambio de información con distintos países —en particular con Andorra—, un aspecto en el que también se ha avanzado desde la UE.

Santamaría dejó claro que no comparte la tesis de que deban existir “paraísos fiscales” porque existan “infiernos fiscales”, en alusión a los niveles impositivos de algunos países, y se limitó a señalar que la presión fiscal de cada Estado es una cuestión de opciones políticas. Respecto a qué fiscalía debe investigar este asunto, recordó que esta institución tiene organización jerárquica, así que eso le corresponde decirlo al Fiscal General del Estado. “Que todos los problemas sean que todo el mundo quiere investigar y quiere ser competente para eso”, ironizó Sáenz de Santamaría.