Procesan a Fernández, exsecretario de la UGT
14 personas imputadas y más de 40 millones defraudados
El juez de Instrucción número 9 de Sevilla dictó un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas de UGT-A contra el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, una resolución en la que concluye que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta a la organización sindical, en los que contaron con la información documental necesaria, “asciende a 40.750.047,74 euros”.
En un auto fechado el día 3 de diciembre, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y consultado por Europa Press, el juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso dada su “situación de incapacidad sobrevenida”, tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.
Así, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
En concreto, los investigados son el exvicesecretario de Organización y exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban. Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas, incluido Pastrana. En concreto, archiva la causa respecto a siete de ellas al entender que, “valorando en su conjunto los indicios aportados en la instrucción practicada, no puede deducirse la existencia de acreditación suficiente de comisión de delito que permita al respecto el dictado de la resolución” que prevé el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, “se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación”.