Las medidas contra el fraude fiscal dejan más de 214 millones en un año

La Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian) recaudó en los últimos 12 meses 214,3 millones de euros gracias a las actuaciones de control y lucha contra el fraude fiscal, de la que la mitad, en concreto 105 millones, corresponde al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En una rueda de prensa, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, precisó que Andalucía ha recaudado más de 600 millones de euros en materia de fraude fiscal desde 2013. La consejera explicó que esa cifra se podrá elevar en 200 millones adicionales si se resuelven los expedientes judiciales abiertos.

Añadió que esa litigiosidad en su mayor parte corresponde a grandes declarantes y grandes patrimonios “que son los que más emplean medidas jurídicas de atajo, ingeniería e ilusión fiscal para eludir obligaciones”. No obstante, deja claro que no hay perfil ni patrón de contribuyente que comete fraude en los impuestos que la Junta gestiona.

En ese sentido, pidió que los litigios derivados de acciones por fraude fiscal sean abordados por “mecanismos exprés” para que puedan ser resueltos en menor tiempo “pues en muchas ocasiones hay retrasos de hasta cinco años”, por lo que reclama “autopistas” judiciales que permitan “poder efectuar definitivamente la recaudación”. Montero, que presentó un balance de la lucha contra el fraude fiscal, recordó las “limitadas competencias” de la Junta en este ámbito, ya que “solo puede ejercer un control sobre los tributos propios y aquellos cedidos por el Estado, lo que representa tan solo el 10% de los ingresos financieros del presupuesto autonómico”.

Así, preguntada por una reclamación de más competencias en materia de control del fraude, la consejera considera que “sería efectivo un trabajo coordinado con la Agencia Estatal” y coordinado “desde Andalucía”, pero lamenta que el debate sobre un aumento de las competencias de las agencias tributarias “está políticamente sesgado y contaminado” por el asunto territorial, ya que “podría ser técnicamente mejor que tuviéramos competencias autonómicas en materia tributaria, pero este debate está absolutamente atravesado por un debate territorial que tiene otras connotaciones, donde quieren reducir los impuestos estatales, emulando a las comunidades forales, en vez de apostar por ser más eficaces y efectivos en la lucha contra el fraude”.

Montero sitúa la lucha contra el fraude fiscal como una prioridad, dado su efecto en los servicios públicos y las prestaciones sociales. A su juicio, “la financiación de recursos públicos nos hace iguales” y lamenta que los incumplimientos “generan injusticia entre los que cumplen sus obligaciones y los que buscan subterfugios”. La consejera añadió que a esas cifra de recaudación del fraude se suman casi 200 millones de euros del impuesto de depósitos crediticios, que posteriormente fue modificado por el Gobierno central, el cual lo redujo a tipo cero, compensando por ello a comunidades autónomas.

De esta forma, sin contar con el impuesto sobre depósitos, se han ingresado 800 millones desde 2013. Añadió que si Andalucía gestionara el control de más impuestos, el afloramiento se cifraría en 1.800 millones de euros, puesto que “en impuestos que nosotros no gestionamos su control, como IRPF, Sociedades o IVA, hay un nivel importante de fraude, pero la Agencia Tributaria andaluza no tiene competencias, aunque trabaje con la Agencia Estatal”. De los 214,3 millones recaudados, 54,7 millones corresponden a Transmisiones Patrimoniales.