La Audiencia reabre la causa sobre los cursos de formación
La pieza principal se retoma después de haber sido archivada por la juez Núñez
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla estimó ayer parcialmente el recurso de apelación presentado por el PP-A contra el auto en el que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla decretó el sobreseimiento y archivo provisionales, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de la pieza principal de la causa de los cursos de formación, en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios exaltos cargos de la Junta de Andalucía, con el objetivo de que el Juzgado practique una serie de diligencias de investigación tanto pendientes como nuevas solicitadas expresamente por la acusación recurrente.
En un auto notificado ayer a las partes personadas, la Sección Primera de la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso del PP-A contra el auto de archivo dictado por la juez el 11 de octubre de 2016 y posteriormente ratificado por la magistrada el 1 de febrero de 2017 en el sentido de ordenar la práctica de las pruebas ya admitidas y no llevadas a efecto por decretarse inicialmente el sobreseimiento de la causa, cuyo objeto son las presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido en el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el periodo 2009 a 2012.
DIGILENCIAS. El tribunal ordena que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examine, con la asistencia de un interventor de la Junta y otro de la Intervención General del Estado, los expedientes de subvención precintados por la propia UCO en el SAE a los que el PP-A se refiere en su recurso, todo ello “a fin de cotejar los examinados ya en el procedimiento a través de las aplicaciones informáticas con los expedientes ‘físicos’ y comprobar si en los mismos se da la misma falta de documentación y defectos que en los ya examinados y que se ponen de relieve, especialmente en los informes de la Intervención”.
De igual modo, la Sala habilita a la juez instructora para que practique “aquellas otras diligencias que, con absoluta libertad de criterio y en base a lo que se contiene” en este auto, entienda “que fueren precisas para un total esclarecimiento de los hechos”, punto en el que la Audiencia advierte al PP-A de que, “si tales diligencias no dieren el resultado que busca el recurrente, será por completo improcedente continuar una instrucción que, en ningún caso, puede convertirse en prospectiva”.
En el auto, contra el que no cabe recurso, la Audiencia puso de manifiesto que “el nudo de la cuestión está en dilucidar, no si procede revocar el sobreseimiento porque no se han practicado determinadas actuaciones o se han denegado otras, sino en si deben practicarse actuaciones porque con el material disponible en los autos no procede el sobreseimiento”.
De esta forma, a juicio de la Sala, “en el estado actual de las actuaciones, no concurren elementos bastantes para decidir si existe, como ha sostenido el fiscal, una situación de descontrol y mala administración que no rebasa el estricto ámbito administrativo; o, por el contrario, una situación de hecho en la que el sistema de control es que no había en la práctica control, conocida y tolerada por los responsables”.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, trasladó su “máximo respeto” a la Justicia, así como toda la colaboración del Ejecutivo que preside para esclarecer la causa de los cursos de formación, “que se sepa toda la verdad y se pueda devolver hasta el último céntimo a las arcas públicas”.
Moreno explicó que desde el Gobierno “trabajaremos para intentar dotar de transparencia a las instituciones que gobernamos”. Con todo, el presidente del Ejecutivo andaluz afirmó que tiene “el objetivo fundamental de saber toda la verdad de lo que ha pasado en algunas situaciones de irregularidad, para que se pueda devolver hasta el último céntimo a las arcas públicas”.
La Sala aseveró que “no existen indicios bastantes sobre la existencia de una trama o un concierto entre los investigados y terceros para un reparto arbitrario de fondos públicos que implicara una serie de decisiones específicas para tal fin”, y tampoco “existe indicios de que se repartieran de forma organizada o planeada los fondos a una red clientelar previa”. Argumentó que si resultara que efectivamente existen irregularidades en los expedientes que no son producto de una pérdida accidental de documentos ni de una mala gestión informática, habría base para continuar el procedimiento por el delito de prevaricación al que alude el PP andaluz en su recurso.