Dos empleados de la Cámara siguen firmes en sus puestos

Alas ocho de la mañana abre sus puertas, como cada día, el edificio de la Cámara de Comercio. Unas imponentes instalaciones venidas a menos, en las que nada más entrar se deja sentir un calor agobiante. Se escuchan voces en la primera planta, en medio de un silencio estremecedor. Las escaleras no presentan su mejor imagen, el ascensor no funciona y la única luz que hay es natural. Los despachos están cerrados y muchos de los cristales que tenían como misión dejar entrever su interior están rotos o directamente quitados. La actividad se deja sentir tan solo en un despacho: el de Francisco Muñoz y Francisco Chica, los dos únicos trabajadores que continúan su labor en las instalaciones. “Seguimos prestando todos los servicios que podemos con los medios de los que disponemos y hasta donde podemos llegar. Porque hacer el trabajo de 50 personas que había antes es imposible, por mucho que queramos”, explica Chica.

Eso sí, no les está resultado nada fácil. Lo primero, porque llevan casi cinco años sin cobrar. “Tenemos trabajo, pero no hay ingresos”, recrimina Muñoz. El teléfono lo tuvieron cortado durante un tiempo por impago, aunque a través del Consejo Andaluz de Cámaras consiguieron contar con una línea en la que atender consultas que, puntualizan, les llegan a diario: “Pero no tenemos acceso a las páginas web, ni a las claves”.

Entre sus funciones está la realización de certificados de origen —casi 950 expidieron el pasado año—, cuadernos ATA o certificados de pertenencia y de capacidad de volumen para las empresas de transporte de mercancías. Pero incluso contar algunos de estos impresos sin encima tener que poner dinero les costó lo suyo: “Los de origen nos los proporciona la Cámara de España, que hace casi un año nos instó a que le pagáramos algo. Ya les dijimos que no teníamos dinero, porque lo que entra de esos certificados está embargado por Hacienda y la Seguridad Social. Así que al final aceptaron a seguir proporcionándolos como antes”. Eso sí, para encender los ordenadores tienen que echar mano de un grupo electrógeno que alquilan cada mes, y que tienen que rellenar con gasoil cada semana. “Pasamos mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Pero claro, si pones una estufa o un ventilador tira mucho, consume más y, ¿de dónde sacamos el dinero?”, lamentan. Por tanto, con el grupo electrógeno al menos les da para lo básico.

“Llegamos hasta donde podemos, pero como la Cámara está paralizada en el tema de proyectos, hay muchas cuestiones que no podemos ejecutar”, afirma Chica. En este sentido, recuerda que parte de esa deuda de más de 6 millones de la institución fue por ese motivo: “Si te concedían un millón de euros tenías que prefinanciar o cofinanciar una parte, porque estos proyectos no son al 100%, y como mínimo había que aportar un 20%. Y ese fue el gran problema, porque nos tocó bailar con la más fea —en referencia a los gestores— y en el peor momento posible”.

Pero además de a la propia institución, recriminan la situación actual a la Junta de Andalucía, la administración tutelante y la que, apuntan, tiene que aprobar todos esos presupuestos extraordinarios. También lamentan que la intervención de la Junta se produjera cuando los trabajadores llevaban 8 meses sin cobrar y 2 de huelga: “Lo hicieron porque no tuvieron ya más remedio”.

Los empleados llevan años recriminando que no se haya puesto en marcha un procedimiento de liquidación de la Cámara, e incluso que el propio procedimiento lo impide. Por ello, y como la Junta además de administración tutelante es órgano de Gobierno y gestión, sus reclamaciones también se dirigen a ella, en el caso de la demanda de impago de salarios. “El 8 de enero saldrá la resolución al respecto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y del Defensor del Pueblo Andaluz tenemos una resolución con unas recomendaciones a la Junta en la que constata que se está produciendo el impago de salarios y, en caso de liquidación, demuestra que hay una lesividad a los trabajadores y les insta a proceder a un procedimiento de responsabilidad patrimonial de oficio, aunque la Junta ha contestado que no tienen nada que ver”, apunta Chica. Así, su única esperanza es que la justicia reconozca que hay una responsabilidad por parte de la Administración, porque la Cámara es insolvente.

Dos supervivientes, de esta forma, de entre los 52 trabajadores de la institución, muchos de ellos descolgados a través de los diferentes ERTEs puestos en marcha con el paso de los años, y de los que tan solo quedan 7 —uno en excedencia obligatoria y los otros cuatro de baja de larga duración—, de los que solo ellos cumplen religiosamente con sus obligaciones diarias.

“Tenemos un contrato y la orden de la Junta de seguir trabajando”, explican. ¿Y cómo se sobrelleva anímicamente esta situación. “No pensando. Con el tiempo cambias el chip, haces tu trabajo y listo. Eso sí, gracias a las familias, que son las que por el momento nos soportan económicamente”, afirman.