Una familia okupa de Huelma logra paralizar su desahucio

Tamara Muñoz y Sergio Fernández son padres de dos niños de 6 y 3 años y un bebé de cuatro meses. Hace dos años y medio, el matrimonio de Huelma, sin un techo donde cobijarse, decidió okupar una vivienda en la calle Guadalquivir de este municipio, propiedad de un banco, motivo por el cual la entidad los denunció. La pareja tenía una orden de desalojo prevista para ayer por parte del juzgado, que, finalmente, fue paralizada. El banco les dio una tregua de un mes. Los dos están en paro y sobreviven con la ayuda de sus padres y entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja. Por eso, solicitan al banco que le acepte un alquiler social para no verse en la calle con sus tres hijos.

Se veían sin un hogar, por eso habían sacado todas sus pertenencias y las habían llevado a casa de sus padres. El desahucio era inminente. Incluso, un buen grupo de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se habían desplazado hasta el domicilio para impedir que se produjera el desalojo de la familia. Sin embargo, la Guardia Civil se personó para comunicar que había sido paralizado; eso sí, por el momento. El banco les había dado una prórroga de un mes. “¡Menudo respiro!”, exclama la propia Tamara Muñoz, que ve el cielo abierto y una esperanza, para que el banco acepte su petición. “Lo que queremos es que el banco nos facilite un alquiler social que podamos pagar y así no tengamos que andar con el temor de vernos en la calle. Por eso vamos a luchar por conseguirlo”, pide la afectada, quien añade que, pese a tener un hogar, “estos dos años han sido muy complicados”. “Es muy difícil tirar hacia adelante con tres hijos y en paro. Si hemos podido ha sido gracias a la ayuda de Cáritas, de la Cruz Roja y de los Servicios Sociales”, indica la mujer.

La familia, junto con miembros de la plataforma, entregó, el pasado viernes, en el Juzgado número 4 de Jaén, un escrito en el que solicitó la paralización del desahucio y un aplazamiento del mismo hasta tanto encontrar una alternativa habitacional, que desde la plataforma entienden que no es otra que un alquiler social por parte de la entidad bancaria. Junto a este, el propio alcalde entregó otro escrito en el que pidió de igual manera la paralización del desalojo, así como un alquiler social a la entidad bancaria. Por su parte, la portavoz de la plataforma, Ana Cárdenas, afirma que es “lamentable y repulsivo” que un banco deje en la calle a una familia joven con tres hijos menores. “Exigimos al banco que negocie un alquiler social con la familia. Entendemos que la entidad tiene una responsabilidad social con los municipios en donde tiene viviendas, que antes eran suelo municipal, y que no solo con recursos públicos y municipales se tienen que resolver estas situaciones”. Desde la plataforma, aseguraron que van a trabajar para conseguir que el banco mantenga la vivienda a la familia con alquiler. “Mañana —por hoy— nos vamos a reunir para plantear las acciones”, dijo Cárdenas.