El nuevo PGOU permitirá el cierre del caso “Villa Elena”

La futura aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para Torredonjimeno, en cuya redacción se trabaja desde 2016, traerá consigo la regularización del caso de “Villa Elena”. Y es que, desde que en mayo de 2013, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la licencia de obra y las modificaciones urbanísticas que permitieron la construcción del edificio de pisos “Versalles Palace” en la Avenida de Jaén, donde antes se erigía la casa señorial conocida como Villa Elena, el edificio se encuentra en una situación de alegalidad.

Si bien el PGOU, cuya aprobación inicial pretende conseguir el equipo de Gobierno antes de las elecciones municipales, permitirá adecuar a la legislación vigente otros casos, las circunstancias que rodean al de Villa Elena le hacen destacar sobre estos.

La historia se remonta a principios del año 2003, cuando fue demolida la casa, sobre la que pesaba un expediente de ruina inminente. Dado que el edificio se encontraba protegido por el artículo 231 del PGOU, cualquier obra efectuada en el espacio debía ser aprobada por un equipo compuesto por el alcalde, el arquitecto municipal, un arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos y un arquitecto del Ministerio de Cultura y debía tener en cuenta que la nueva edificación tenía que ajustarse en volumen y edificabilidad a la anterior. No obstante, meses más tarde, ya con Javier Checa (PA) como alcalde, se efectuó una modificación puntual en el PGOU que dejó sin efecto la aplicación de ese artículo y se proyectó un edificio de siete plantas, que comenzó a construirse en 2007, tras suscribir el Ayuntamiento un acuerdo con una promotora privada, a pesar del informe negativo de la Consejería de Obras Públicas emitido en 2004. No fue hasta el 6 de mayo de 2013 cuando la sentencia del TSJA dejó sin validez el proceso.

Esa situación provocó cierto nerviosismo entre la veintena de propietarios de pisos del edificio. Desde entonces, la construcción se ha mantenido en esa situación de alegalidad, una circunstancia que, tal y como se apunta desde el Ayuntamiento tosiriano, no ha eximido de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles a los propietarios, que, además, pagaron sus pisos y cuentan con las escrituras de estos.

Por todo ello, el mensaje de Anguita es tranquilizador en ese sentido: “Con el nuevo PGOU quedará regularizada la construcción actual a la normativa”, sentencia.