Polémica por el desahucio de una empresa en Cazorla

El equipo de Gobierno de Cazorla lleva meses de trámites para desalojar una nave del Vivero de Empresas. Mientras el titular del negocio afectado, un taller de herrería, declina hacer declaraciones, el concejal de Obras, José Luis Olivares, da la versión municipal. Explica que en 2003 se le concedieron las instalaciones, de unos doscientos metros cuadrados, y que, “en el mejor de los casos”, tenía que haberse marchado, aunque, “por no hacerle daño” se permitió que continuara. El pasado mes de septiembre el inmueble se adjudicó a tres jóvenes emprendedores del mismo sector que, según el edil, no pueden usar las dependencias ante la negativa del ocupante a entregar las llaves.

Por ello, el asunto del desahucio administrativo ha ido, hasta tres veces, al pleno municipal. Sin embargo, el empresario actual ha presentado un contencioso-administrativo. No obstante, Olivares asevera que este procedimiento no afecta al lanzamiento que, de acuerdo con sus cálculos, se hará realidad pronto. De hecho, un informe del arquitecto técnico municipal César Gómez estima, de manera provisional, los gastos de evacuar el local en dos mil euros, que se cargarían al empresario.

“Hemos ido por las buenas, con varios requerimientos, y ahora con la posibilidad que nos otorga la legalidad vigente. No queríamos que se produjera y pensamos que ha estado mal asesorado”, indica Olivares. El edil precisa que el denunciante considera que el desalojo lo perjudicaría y le supondría pérdida al tener que dejar sin terminar trabajos, aparte de ver que ha habido sucesivos contratos en vez de un uso “en precario”. Sin embargo, el concejal destaca que tiene “talento”, por lo que podría ganarse la vida fuera de las instalaciones. “Nuestra obligación es defender el interés y los bienes públicos y que los jóvenes empresarios tengan las mismas oportunidades de las que, en su día, gozó él”, asevera José Luis Olivares, quien agradece el apoyo de Izquierda Unida a la postura del equipo de Gobierno. Afirma que los adjudicatarios se encuentran privados de sus derechos por la imposibilidad de usar el espacio. El responsable subraya que informes municipales y de la Diputación avalan al Gobierno.