Parlamentarios de Jaén y de Granada se unen en contra de la macrogranja
Consideran que va en contra del desarrollo jiennense
No cejarán en su empeño. Los Grupos Parlamentarios Socialistas de Jaén y de Granadas unen sus fuerzas para manifestar su apoyo a los alcaldes de los municipios afectados por el proyecto de instalación de una macrogranja en Dehesas de Guadix, asunto que trasladarán al Parlamento de Andalucía, según anunciaron en un comunicado. El parlamentario jiennense Felipe López rechazó un proyecto de estas características, “que no tiene aportaciones positivas para el desarrollo de una zona rural”, advirtió.
El también exconsejero de Fomento subrayó: “Hay que buscar mecanismos para revitalizar la economía y el desarrollo de las zonas rurales, pero este no es el camino”. Agregó: “Hay que buscar mecanismos que permitan avanzar desde unos postulados de equilibrio, sin pretender hacer una inversión sobredimensionada con impactos ambientales negativos y agravar el problema de despoblamiento que hay en una zona como esta”.
El parlamentario socialista abogó por ello por encontrar “puntos de equilibrio entre lo que representa el desarrollo económico, el mantenimiento de la población y el sistema de vida que caracteriza al medio rural, pero no haciendo esa expulsión de población a la postre, porque hay una actividad que tiene unas connotaciones y un perjuicio medioambiental manifiesto y claro”.
Por su parte, el alcalde de Huesa, Ángel Padilla, mostró su agradecimiento a los parlamentarios andaluces y reiteró que están “totalmente en contra de este tipo de empresas que lo único que vienen es a dejar lo que otros territorios no quieren y después llevarse a esos lugares lo que realmente dejaría vida económica”. “Estaríamos de acuerdo y buscaríamos la posibilidad de mantener la sostenibilidad socioeconómica en las zonas rurales si viene acompañada de una factoría de transformación del producto final, pero desgraciadamente no es así y no se beneficia al territorio”, explicó. La reunión se celebró en Cuevas del Campo.
Greenpeace reclama a los Veintiocho que el nuevo periodo de la Política Agrícola Común (PAC), que se votará mañana jueves en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, ponga freno a la producción en macrogranjas que se llevan hasta el 79 por ciento de las subvenciones —han crecido un 96% solo en España—, frente a las pequeñas granjas que casi “han desaparecido” en poco más de una década. En las provincias de Granada y de Jaén, en el último mes, instituciones, partidos y colectivos sociales han mostrado su rechazo a un proyecto de macrogranja de cerdos en Dehesas de Guadix. Así, hace diez días, manifestantes cortaron la carretera A-315, en el municipio granadino de Cuevas del Campo, al grito de “El negocio del marrano mata al Altiplano”. La Plataforma por la Protección del Guadiana Menor, junto con Ecologistas en Acción, ya denunciaron “las graves consecuencias” que conllevaría esta explotación para la cría de 125.000 marranos al año, ubicada a tres kilómetros a una zona de viviendas en Cuevas del Campo, para “la salud, el medio ambiente y la población”. Ayer martes, la ONG ha publicado en Madrid el informe “Alimentando el Problema: La peligrosa intensificación de la ganadería en Europa”, en el que denuncia que el 71 por ciento de las tierras agrícolas de la UE no se destina a la alimentación humana sino a la alimentación del ganado.
superficie. Ecologistas en Acción calcula que se producirán al año 126.000 metros cúbicos de purines, que se esparcirían por la finca en la que está prevista la construcción de la macrogranja y podrían afectar, en consecuencia, a los acuíferos de la zona y a los ríos Guadiana Menor y Fardes.
Empleos. Serán once los puestos de trabajo que se crearán, según el proyecto, de las siete granjas de cerdos. Los alcaldes valoran la cifra como insuficiente ante las consecuencias negativas que conlleva.
origen. El proyecto fue tramitado por el Ayuntamiento de Dehesas de Guadix, pueblo limítrofe de Pozo Alcón, de Granada. Pretende construir una serie de granjas que constituirían una macrogranja con capacidad para 50.000 cerdos, lo que se traduce en 125.000 animales al año. Las quejas se suceden por los perjuicios de olores y contaminación por purines que, en estas dimensiones, serían muy grandes. Los ayuntamientos afectados continuarán con sus protestas.