Operación policial contra una comunidad de regantes ilegal

Tres detenidos y quince investigados. Ese es el resultado de la espectacular operación desarrollada contra agricultores de Alcaudete por extraer sin permiso agua del río Víboras, una zona que cuenta con una especial protección medioambiental. Todos están acusados por delitos contra los recursos naturales y contra la ordenación del territorio. Sobre el papel, los implicados funcionaban como una comunidad de regantes, aunque no estaban legalmente constituidos. Habían construido un pozo, que estaba equipado con motores de gran potencia y una enorme capacidad de captación. Además, también contaban una importante red de tuberías y canalizaciones, para abastecer una enorme extensión de terreno de unas setenta hectáreas de olivar.

Los tres detenidos son el presidente y el tesorero de la supuesta comunidad de regantes, y el constructor que se encargó de las obras, que fueron terminadas el pasado mes de febrero, según confirman las fuentes consultadas. Al parecer, el sondeo ha extraído sin permiso millones de litros de agua del cauce del río Víboras, utilizados para riego de los olivos de los implicados.

La operación, que ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, se ha desarrollado durante los últimos tres meses. Comenzó casi por casualidad, durante una inspección rutinaria en las parcelas cercanas al cauce. Los funcionarios descubrieron un pequeño pozo, que extraía agua directamente del río. El propietario fue denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ese primer hallazgo dio pie a los policías para abrir una investigación más amplia y tratar de determinar si había más casos. Los agentes realizaron numerosas inspecciones en el paraje denominado “Peralta”, dentro del término municipal de Alcaudete. En una de ellas, hallaron un pozo de grandes dimensiones, con motores de gran potencia. “Estaba en un lugar de difícil acceso, muy escondido”, explican fuentes cercanas a la investigación. “Fue muy complicado dar con él, porque prácticamente no se podía llegar”, añade. Más difícil aún fue localizar las conducciones, que estaban “enterradas”. Incluso, se encontraban ocultas por debajo del trazado de la Vía Verde del Aceite y de la carretera Nacional 432.

A partir de ahí, los agentes de la Unidad Adscrita comprobaron que el sondeo y las canalizaciones fueron realizadas por un constructor, por encargo de una supuesta comunidad de regantes. No obstante, cuando los investigadores solicitaron la documentación y los permisos comprobaron que esa entidad no estaba constituida como tal y, por lo tanto, carecía de las autorizaciones pertinentes. Se tiene constancia de que los responsables de la organización intentaron, al parecer, legalizar la comunidad de regantes cuando tuvieron conocimiento de que estaban siendo investigados por la Policía Nacional.

El resultado de la operación es el arresto del presidente y del tesorero de esa entidad, así como del constructor que ejecutó los trabajos. También han sido llevados ante el juez en calidad de investigados otras quince personas, todos agricultores que, presuntamente, se beneficiaron de las extracciones ilegales de agua del cauce del río Víboras. Toda la operación está dirigida por la magistrada Cristina Luis Vílchez, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá la Real. La investigación todavía continua abierta y no se descartan más arrestos.