Juan Morillo prohíbe a todo su equipo salir de La Guardia
Apartir de ahora prohíbo a mi equipo de Gobierno salir de La Guardia para hacer cualquier gestión municipal y la culpa la tienen la Fiscalía y Luis Salazar”. Es el acto de protesta y rebeldía del alcalde, Juan Morillo, tras conocer la imputación a él y a sus cinco concejales, por cobrar 80.574 euros en dietas “sospechosas” y kilometraje. La semana que vienen tiene cita con el Ministerio de Fomento para negociar una subvención de 800.000 euros para rehabilitar el Castillo —una ayuda que ganaron en los tribunales—. “No vamos a ir, me pondré en la plaza del Ayuntamiento y les voy a decir a los vecinos que es por culpa de la Fiscalía y de Luis Salazar, que no nos podemos mover porque tenemos que pagarlo de nuestros bolsillos”, desafía el regidor de La Guardia.
El objeto de tanta ira es el escrito de la Fiscalía, del pasado 21 de octubre, en el que se solicitan que se incoen diligencias previas penales para la investigación de unos hechos que pueden ser constitutivos de malversación. Se imputa, de esta manera, a todo el equipo de Gobierno de La Guardia. El fiscal considera que las cantidades cobradas entre 2007 y 2013 por hacer viajes se hicieron de forma irregular. Se ampara en el concepto de “dieta” que establece el Real Decreto 462/2002, que es la cantidad que se devenga diariamente por estancias fuera de la residencia oficial. Para tener derecho deben pasar 16 horas. Una vez examinados los viajes oficiales del Ayuntamiento, el fiscal observa que no se cumplen los requisitos establecidos en el decreto.
Juan Morillo explica que todos los gastos están presupuestados. Es más, la asignación anual para dietas y desplazamientos es de 12.000 euros —84.000 para el periodo comprendido entre 2007 y 2013—. En lo que va de 2014, se han gastado más de 6.000. “Esto es una persecución por parte de muchos entes y de Luis Salazar, de Urbanizaciones Unidas —denunciante—. Es una vergüenza la actuación del fiscal, porque no ha escuchado a las dos partes y ha caído en la trampa. Veremos si el juez lo admite a trámite y nos cita a declarar”, denuncia Morillo, visiblemente irritado. No es el único, porque dos de las concejales imputadas tuvieron que ser atendidas por el médico al enterarse, según informó el alcalde.
Por otro lado, el fiscal jefe de Jaén también acordó remitir al Juzgado Decano otra denuncia interpuesta por Urbanizaciones Unidas de La Guardia, esta vez a propósito del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2012 con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE y el rechazo de los dos concejales de la formación denunciante. Fijaba en un euro la cuantía de la asignación a recibir por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados por parte de los concejales que “no tienen dedicación exclusiva ni parcial”. El acuerdo se adoptó, según expone la Fiscalía en su decreto, después de un requerimiento previo de la Subdelegación del Gobierno y después de que la Diputación Provincial hubiese emitido un escrito el 11 de febrero de 2013 en el que se consideraba “nulo de pleno derecho” un acuerdo aprobado por el Pleno en julio de 2012 en el que “se suprimió la asignación a los concejales que no tenían dedicación plena ni exclusiva”, que era de 50 euros.
En este caso, el alcalde de La Guardia defendió la medida en “solidaridad” con los funcionarios, a quienes el Gobierno central había suprimido ese año 2012 las pagas extraordinarias.
Mientras tanto, el grupo municipal socialista exige la dimisión de todo el equipo de Gobierno. Sin embargo, Morillo agradece que cada vez sean más las muestras de apoyo que recibe.