“La morosidad le supone al Ayuntamiento medio millón”

Izquierda Unida centró su última comparecencia en la defensa de lo público y la morosidad que, según la coalición, hay en el cobro de facturas de algunos de los servicios públicos prestados, que cuestan alrededor de 500.000 euros a las arcas municipales. “Lo hacemos desde la convicción de que estos servicios bien gestionados no deben ser más caros ni de peor calidad que los privatizados”, señaló Juan José Navarro, responsable de Comunicación y Finanzas. Pero donde mayor hincapié hizo es en que una parte de esas prestaciones de Martos están en manos privadas, como es el cobro de la tasa de basura que actualmente gestiona Aqualia. Cuando los marteños reciben la factura de esta empresa aparece el coste del agua y también el de basura, algo que, a juicio de IU, “no es legal”, de manera que ha planteado la situación al equipo de Gobierno, porque cree que quien da el servicio es el que debería recaudar. “De ser esto cierto, se podría estar cometiendo dos delitos, uno por protección de datos y otro por la vulneración de derechos de la administración, al estar estos impuestos gestionados por una empresa a la cual no le corresponde”, dijo Navarro.

Además, el responsable de Comunicación y Finanzas de Izquierda Unida en Martos puso como ejemplo lo ocurrido en el Ayuntamiento de Jaén, ya que, según él, el equipo de Gobierno socialista tuvo que dar marcha atrás a esta misma gestión, después de hacerlo desde 2002, porque hay informes jurídicos de responsables de intervención de la misma administración que aseguran que dicha práctica no es legal. Aqualia recibe, según IU, más de 66.000 euros por la gestión de esos recibos “ilegales”, aunque el grupo opositor denuncia que son muchos los que no se cobran. “Al ser un dinero que va a las arcas públicas y no para la empresa no se preocupan de hacerlo”, afirma. Esto supone que las facturas no pagadas prescriban y la tasa impositiva sea finalmente abonada por todos los marteños que regularmente abonan sus impuestos.

Por su parte, el coordinador local, Antonio Funes, se refirió a la prescripción de derechos reconocidos sobre tasas, como el alcantarillado y el agua, donde se baraja una cantidad de medio millón de euros. Unos datos que presentaron en el último pleno y que el concejal de Hacienda catalogó de “política absurda”, hasta el punto de que el edil socialista aseguró que demostrará que tales recibos no se habían dejado de cobrar. IU está a la espera de que el responsable cumpla su palabra.