Los vecinos reclaman ya agua potable en sus casas

El problema de la falta de agua potable en la comarca de El Condado entra en su cuarta semana. Hoy se cumplen diecisiete días del comienzo de las restricciones, que afectan a más de 18.000 personas de siete municipios —Arquillos, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Sorihuela del Guadalimar, Chiclana de Segura y Montizón— y más de una decena de núcleos habitados. La sensación general entre la población es de hartazgo, después de semanas de espera y de que se echaran por tierra los sucesivos plazos para la solución a las altas concentraciones de trihalometanos —una sustancia potencialmente cancerígena disuelta en el agua—. Los residentes en la comarca, a los que estas fechas se unen decenas de emigrantes que veranean en la zona, expresan su descontento por las molestias ocasionadas y por tener que contentarse con los camiones cisterna ofrecidos por la empresa Somajasa o con la adquisición de garrafas en tiendas y supermercados.

Como detallan vecinos de El Condado, después de pagar el agua “a precios propios del barrio de Salamanca” las autoridades competentes no han sido rápidas para arreglar el asunto. Como explican residentes en Arquillos, la vida cotidiana se ve alterada, hasta el punto de que, por ejemplo, han tenido que adaptar la costumbre de preparar alcaparrones encurtidos, ya que para eso tienen que usar agua potable, lo que supone hacer acopio de una considerable cantidad de litros. Por otro lado, la población tiene dudas relacionadas con los posibles efectos del caudal con trihalometanos. “No nos atrevemos a ducharnos con agua del grifo porque no sabemos si los poros, dilatados en verano, absorben la sustancia”, precisa un vecino del pequeño municipio, conocido por la tradición del Pelotero.

Por otro lado, uno de los motivos de queja entre los condatenses es la escasa información sobre cuánto tiempo llevaba el agua en mal estado. Temen que aunque los ayuntamientos publicaron bandos hace dos semanas, al hacerse oficial la falta de potabilidad del agua de la red, los usuarios del servicio creen que los trihalometanos ya llevaban tiempo presentes en el caudal que llega a los hogares y las empresas procedentes del pantano de El Dañador, en el término municipal de Montizón. Los reparos surgidos entre la ciudadanía llegan a tal punto que son varios los vecinos de Navas de San Juan que adelantan que no volverán a consumir agua de la red ante la desconfianza hacia los supuestos riesgos de ingerirla.

A pesar de la persistencia de las restricciones, las tiendas no aprecian un incremento significativo en la facturación, ya que buena parte de los vecinos se conforma con el líquido procedente de los camiones cisterna y, además, el agua embotellado es un artículo barato que deja escaso margen. Así lo confirma la dependienta de Arquillos María José López, que trabaja en una tienda de barrio en la que también se comercializan artículos de limpieza y de alimentación.

El malestar es especialmente acusado entre las personas de la tercera edad, sobre todo las que tienen sus domicilios en los puntos más alejados del lugar en el que estacionan los camiones cisterna. En esos casos dependen de familiares o allegados para hacerse con el suministro diario. No obstante, principalmente en los municipios mayores los ayuntamientos toman cartas en el asunto. En Navas, voluntarios de Protección Civil se desplazan con el líquido hasta los hogares que lo necesitan y en Santisteban personal de la administración acude con un depósito.

En general, los perjudicados valoran la implicación de las autoridades locales a pesar de que no son competentes en el asunto —pues el servicio en alta corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el suministro domiciliario a la compañía Somajasa—. En particular se agradecen que todos vayan a una, pese a que pertenecen a diferentes partidos —con una mayoría del PP y dos alcaldes socialistas, en Navas y Chiclana—, con reuniones y una denuncia judicial colectiva. En cuanto a la comunicación, destacan los bandos y los avisos a través de las redes sociales, circunstancia en la que es especialmente activo el regidor santistebeño, Juan Diego Requena, que mantiene informados a sus convecinos de la evolución del asunto a partir de los datos que recibe en sucesivas jornadas.

perspectivas. “Se ve la luz al final del túnel”. Así resume el alcalde de Arquillos, Miguel Ángel Manrique, la situación. El munícipe es partidario de dar un margen de confianza a las autoridades. No obstante, avisa de que si para el miércoles sigue si haber arreglo convocará una concentración entre sus vecinos. Otros regidores también prevén una pronta declaración de que el agua es apta para el consumo humano. El de Sorihuela, José Manuel Leal, destaca que, una vez inyectado caudal procedente del Guadalmena, los resultados son satisfactorios salvo en dos puntos concretos. “Las cañerías y los depósitos están limpios. Es un incordio pero no puede hacerse mucho más. La gente está resignada”, asegura Leal. Por su parte, Joaquín Requena, de Navas, cree que posiblemente hoy la Delegación de Salud pueda haber luz verde a la potabilidad. “Todo va mucho mejor, aunque seguridad no hay”, apunta, antes de recordar que es preceptivo que se den tres análisis satisfactorios consecutivos, pues, en caso contrario, tiene que volverse a empezar. En un principio, las autoridades locales, en virtud de lo que duró un problema similar en 2014 confiaban en que se diera carpetazo al incómodo problema estival.

Miguel Ángel Manrique explica cuáles son las causas de la incidencia. Según su relato, en el origen están las cuantiosas precipitaciones del actual año hidrológico, que se tradujeron en un importante aporte de lodos. “Con la llegada del verano el consumo de disparó, sobre todo debido al llenado de piscinas”, indica. Tal circunstancia hizo que el barro pasara a las conducciones y que, por reacción química entre el cloro y la materia orgánica, se generaran los temidos trihalometanos.

Manrique, que no se muestra partidario de convertir la cuestión el asunto como arma de confrontación política, considera que deberían haberse tomado medidas antes de la crisis. A su juicio, todos los elementos necesarios para la contaminación con trihalometanos se dieron hace unas semanas en una “tormenta perfecta”. Considera que son imprescindibles inversiones y mejoras en la planta de depuración que como muestra el panorama actual “no dio abasto”. En cuanto a la ubicación de los dos lugares que todavía dan valores por encima de lo permitido, el político arquillero se muestra prudente. A su juicio, salvo sorpresa, para finales de esta semana todo tiene que quedar resuelto de una vez. Por otro lado, pone el énfasis en la rutina que supone la presencia del camión cisterna en las calles. “El chófer se porta muy bien y prácticamente se ha convertido en uno más del pueblo, hasta el punto de que conoce los problemas de la gente”, subraya el primer edil.

Los siete alcaldes de los municipios afectados tienen pendiente una reunión con la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño. En principio se confía en que pueda celebrarse esa semana en cuanto su agenda lo permita. En paralelo mantiene activas las acciones legales contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con el objetivo de que asuma sus responsabilidades.