La parroquia, vetada para la pava

Si hay tanto interés en la fiesta, que se elija otro lugar para lanzar la pava, algún edificio público quizás, pero desde el campanario de la parroquia de Cazalilla no será”. Así de claro se mostró el vicario general de la Diócesis jiennense, Francisco Juan Martínez Rojas. La postura del Obispado, adoptada ya este año, supone un revés para aquellos que quieran recuperar esta fiesta el año próximo; el pasado miércoles ya fue imposible arrojar el animal desde la torre de Santa María Magdalena al término de la procesión del patrón San Blas, tal y como manda la costumbre, según las crónicas locales, desde finales del XVIII o principios del XIX. El acceso al torreón del templo está “oficialmente” cerrado desde siempre, pero, año tras año, alguien conseguía entrar y, de esta forma, el ave era lanzada. Pero, el escenario fue distinto en el último San Blas. Había instalada una cerradura nueva, decisión que adoptó el Obispado tras el auto del Juzgado número 3 de Jaén. Y es que, aunque entendía que no eran necesarias medidas cautelares para impedir esta tradición, sí dejó claro que, si la gallinácea sufría daños o moría tras ser arrojada, podría darse un delito de maltrato animal. Esto llevó a la Iglesia a reforzar las trabas para que alguien cruzara el umbral del campanario y, así, evitar ser responsable subsidiario de un ilícito penal si llegaba a cometerse.

Hubo otro hecho clave, la Guardia Civil, a la que movilizó la Subdelegación del Gobierno en previsión de altercados como los de 2015, pidió permiso para custodiar la puerta de la torre, según el argumento de Martínez Rojas. Al entender que se trataba de agentes del orden en el cumplimiento de su deber de evitar un delito, la Diócesis les dio vía libre. La presencia de los uniformados contribuyó a evitar la incursión de “intrusos” en un bien, el templo cazalillero, que es propiedad de la Iglesia, como deja claro el vicario general de la Diócesis. En estos términos, el obispo, Ramón del Hoyo, reitera que el lanzamiento de la “blasa” es totalmente ajeno a la institución que representa. Sobre la presencia de guardias civiles en la torre, el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, negó este extremo, aunque aclaró que la llave del campanario estaba cerrada, por decisión de los titulares de Santa María Magdalena. En el municipio, el día del lanzamiento, todas las fuentes consultadas dejaron claro a este periódico que sí había agentes para prever la entrada de vecinos. Lillo, eso sí, mostró su satisfacción por la ausencia de incidentes durante la celebración, a pesar de los momentos de tensión vividos cuando un grupo de cazalilleros, tras la exhibición de dos pavas en la plaza, se dirigió a la calle Pilar Bombó, donde protestaban en contra de esta costumbre un grupo de animalistas. Solo destacó la rotura de las lunas del coche de uno de los manifestantes, que lo denunció en Huelva, donde reside. En los días previos a San Blas, aparecieron pinturas en esta zona, que acusaban de asesinos a los vecinos. Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, juzgó que todo lo concerniente a la celebración de la pava es, para él, un asunto “complicado”. Eso sí, dejó claro que, en sus palabras, “como en todo orden de la vida hay que seguir la legalidad”. A preguntas de los periodistas en el paraje Marismas del Odiel, en Huelva, y al dar su opinión “estrictamente personal”, aclaró que a él este festejo cazalillero le desagrada. No aclaró si la Junta sancionará lo ocurrido, al exhibirse dos pavas, en lugar de lanzarlas, al corresponderle a la Consejería de Justicia e Interior, dijo.