La mujer del exalcalde de Huesa se encierra en el Ayuntamiento
Acto en señal de protesta. La esposa del exalcalde Huesa, María José Lamarca, se ha encerrado en el Ayuntamiento en protesta por el ingreso en prisión de su marido. Javier Gómez debe entrar en prisión antes del día 27 por un delito de falsedad. La propia Lamarca ha grabado un vídeo en el que indica: “Quiero que todo el mundo sepa la injusticia tan grande que se va a cometer con Javier. Sabéis que hemos pedido el indulto al Consejo de Ministros y nos lo han denegado. Sabemos que es una condena política”, expresa María José Lamarca. El propio alcalde, Ángel Padilla, ha mostrado su apoyo y aunque ha pedido que hay que acatar y respetar la justicia ha publicado el vídeo de María José Lamarca en su perfil de facebook.
DENEGADA LA PETICIÓN DE INDULTO
El Consejo de Ministros rechaza la petición de indulto solicitada por Javier Gómez Sevilla, el que fuera alcalde socialista de Huesa entre 2007 y 2011. De este modo, el antiguo regidor municipal, ya retirado de toda actividad política, tendrá que ingresar en prisión para cumplir una condena de tres años y dos meses de cárcel por un delito de falsedad documental. La Audiencia Provincial, que ejecuta la sentencia, le comunicó ayer mismo que tiene que presentarse en el centro penitenciario de Jaén antes del próximo día 27 de noviembre. De nada han servido las alegaciones esgrimidas por su defensa, ni las muestras de cariño mostradas por sus paisanos, que han salido a la calle en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses para reclamar la medida de gracia. No hay perdón para Gómez Sevilla: “Estoy muy mal”, asegura pocas horas después de conocer la situación. “Ya estoy asumiendo que voy a tener que entrar en la cárcel”, añade.
De este modo, se convertirá en el primer alcalde o exalcalde de la provincia que ingrese en prisión en lo que va de siglo por un delito cometido en el ejercicio de su cargo. El último fue Alfonso Martínez de la Hoz, que estuvo al frente del Ayuntamiento de Mancha Real, y que fue condenado a casi cinco años de cárcel por los incidentes de mayo de 1991, en que fueron destrozadas varias viviendas de familias gitanas.
El delito de Javier Gómez Sevilla es mucho más leve: falsedad en documento oficial. En román paladino, emitió órdenes de pago falsas para justificar la terminación de unas obras en su pueblo, que no llegaron a ejecutarse. Según los hechos probados, el entonces alcalde de Huesa solicitó dos subvenciones para llevar a cabo la remodelación de un paraje conocido como “Fuente del Popi”. Se trataba de ayudas públicas finalistas, es decir, solo se podían gastar en ese proyecto. Sin embargo, el regidor municipal destinó los 47.000 euros concedidos por la Diputación y por el Gobierno a pagar nóminas municipales por trabajos en otras obras del municipio. El arquitecto municipal, siguiendo las órdenes del alcalde, emitió el certificado final de las obras, con el objeto de justificar el destino para el que habían sido concedidas y evitar, de este modo, tener que devolver el dinero.
Fue un antiguo empleado municipal, cuyo puesto de trabajo fue “amortizado” por Gómez Sevilla, el que presentó la denuncia por estos hechos. En noviembre de 2015, el exregidor municipal se sentó en el banquillo de la Audiencia, junto al aparejador. El antiguo alcalde defendió que el dinero fue utilizado para los fines previstos, es decir, generar jornales. No obstante, los magistrados lo consideraron inductor de un delito de certificación falsa y le impusieron una condena de seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público. Entonces, fue absuelto de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad.