El Consejo de la Mujer pide más suma de dinero al Estado

El Consejo Municipal de la Mujer presentó en el Registro Municipal del Ayuntamiento de La Carolina, una moción en la que pide un incremento de los fondos estatales para combatir la violencia de género. La alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, acompañó al grupo en la presentación del documento que será sometido al pleno que celebre la Corporación Municipal en la próxima sesión ordinaria. Esta moción es una de las propuestas que el pasado mes de junio movilizó a distintas organizaciones e instituciones en una jornada de reivindicación de más fondos para la lucha contra este tipo de actos. La moción propone modificar en los Presupuestos Generales del Estado 2017 la asignación destinada tanto para la lucha contra la violencia de sexo como en relación a las políticas de igualdad. Pone de manifiesto que el programa para la prevención de la violencia de género se dotó en los presupuestos de 2017 con 31,7 millones de euros, después de que la presión de los colectivos feministas forzara una subida, lo que equivale a un 25,7 por ciento más que en 2016, a pesar de que sigue siendo inferior en un 2,20 por ciento menos que en 2010. Además, los fondos de 2017 mantienen en 19.741.840 euros la dotación del programa de Igualdad entre mujeres y hombres, lo que supone un 41 por ciento menos que en 2010. El documento que presentó el consejo advierte de que en caso de no aumentarse significativamente en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, al menos en 120 millones de euros, el Programa para la Violencia de Género sería “una ofensa y una burla a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de sexo, esto es, para los 4 millones de mujeres que indicó la Macro encuesta 2015 del propio Gobierno. No aumentar este presupuesto sería seguir sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, no realizar la prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul vigente desde 2014. Además supondría no mejorar la respuesta judicial y no cubrir el coste de los servicios jurídicos psicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 referente a Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tampoco se pueden hacer políticas para las mujeres sin las mujeres y las organizaciones de mujeres.