La Guardia Civil cree que EDM cobró ayudas al inflar la plantilla
La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén llamó a declarar a extrabajadores de la informática de Mancha Real EDM y a Séneca, su empresa hermana. Como adelantó este periódico, en febrero de 2014, algunos de estas personas ya acudieron a los cuarteles de Baeza o Mengíbar, donde prestaron declaración en calidad de testigos. Meses más tarde, se conoce por qué lo hicieron. Su relato está plasmado en un informe que ya tiene la jueza Alaya, la que sacó a relucir la supuesta trama de desvío de fondos destinados a los expedientes de regulación de empleo en Andalucía.
Gracias a las declaraciones recopiladas durante meses, los investigadores apuntan a la posibilidad de que, con un préstamo concedido por la agencia Idea de la Junta de Andalucía a la sociedad mancharrealeña, de 384.841,65 euros, se pretendía abonar nóminas de personal que todavía no estaba aún contratado.
El dinero llegó a la informática —por cuya quiebra se condenó a su consejo de administración hace casi dos años— el 29 de diciembre de 2008. Esta suma tenía como objeto el abono de los salarios de las 145 personas que las dos firmas tenían en plantilla; sin embargo, no había tal cantidad de empleados en el momento en el que se negoció esta inyección de dinero público. Los guardias civiles comprobaron, según Europa Press, que, entre julio y septiembre de ese año, cuando se fragua el convenio de colaboración, fueron dadas de alta 28 personas en EDM, de las que, la mayoría, se incorporan en los últimos días de septiembre. El compromiso se alcanzó entre la Dirección General de Trabajo y la agencia Idea. Una vez solventado este primer paso, el representante de Idea rubricó la entrega del dinero con Juan Ruiz Cobo, por EDM, y María José Cueva, como representante de Séneca. A estos últimos, se les atribuye un delito de fraude en subvenciones públicas; mientras que, al alto cargo de Empleo, Juan Márquez, e Idea, Juan Cañete, la Policía Judicial les cree también partícipes de los hechos y entiende que libraron fondos sin “competencia legal” para ello.
Al preguntar a aquellos para los que se dijo que iría el dinero solicitado, algunos de ellos “manifestaron que, en los meses de julio y septiembre de 2008, no se encontraban trabajando para ninguna de estas empresas”. Este extremo fue corroborado a través de los informes sobre la vida laboral; de esta forma, queda claro que 24 de estos miembros de la plantilla no se encontraba en nómina cuando se negocia la entrega de los casi cuatrocientos mil euros, pero sí se les incluía en el “anexo I de dicho convenio”, con la premisa de que iban a recibir el pago de nóminas atrasadas. En definitiva, en el momento de las nuevas contrataciones, con problemas de liquidez evidentes en las dos sociedades, crece llamativamente el personal.
Ello hace pensar a la Policía Judicial que se buscaba “aumentar el número de trabajadores, para conseguir mayor cantidad de dinero en la subvención”. Este aspecto llamativo que se recoge en el informe policial, se concreta, supuestamente, en el hecho de que el que fuera responsable de EDM, Juan Ruiz Cobo, se comprometía a realizar más contratos indefinidos de los necesarios, con el solo objetivo de percibir más dinero de las arcas públicas. Este empresario ya ingresó en prisión, el pasado 10 de enero de 2013, por delitos fiscales cometidos al frente de otra informática de Mancha Real, Cofimán. Tras la desaparición de esta, Ruiz Cobo se embarcó en EDM, dedicada al montaje de equipos informáticos y que recibía fondos públicos por la contratación de personas con discapacidad.
La Guardia Civil en su investigación también hace mención a que no hay constancia de la devolución del préstamo por parte de la Intervención General de la Administración del Estado y que tampoco la Junta puso en marcha acciones destinadas al cobro de la suma ni los intereses. También se tiene constancia de que la Administración andaluza impulsó un procedimiento de oficio sobre la concesión de la ayuda a EDM. Esta investigación puede desembocar en la declaración de nulidad de pleno derecho del préstamo. La juez reclamó información sobre este crédito al Gobierno andaluz hace casi un año.