Castellar.-Una orden de alejamiento y 8.200 euros

“Los condena —no son tres imputados, tal y como en un principio se informó, sino seis— a una orden de alejamiento de cincuenta metros durante seis meses”, detalla. Y aquí empieza su reivindicación: “Apenas son los metros que separan sus casas de la mía”. “¿Voy a tener que soportar que pasen por mi puerta?”, se pregunta. “Después, cada uno, está condenado a pagar 2.000 euros al Estado por daños y perjuicios y, a nosotros, más de 8.200 euros entre todos como indemnización por los destrozos en los tres coches y la vivienda”, explica. Una cantidad que, con toda certeza, dice, no recibirá: “No me hace falta esperar para saber que se van a declarar insolventes”. Y repite: “Para mí, esta sentencia es muy injusta”. Y, por eso, asegura, estudiará si cabe la posibilidad de presentar recurso. “Lo que estamos viviendo es un sinvivir”, dice ya con la voz casi entrecortada.

Horas antes, desde las nueve y media, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Villacarrillo fue “blindado” por agentes de la Guardia Civil para evitar cualquier tipo de incidentes antes, durante o después de la declaración de los imputados por la trifulca que desencadenó el conflicto vecinal en Castellar. No hubo incidentes destacables según fuentes policiales.
justicia. “Venimos a acompañar a las familias gitanas porque esto se sale de lo normal. No entendemos que en un Estado de Derecho se pueda producir este tipo de situaciones de tinte racista con manifestaciones públicas sin autorizar que piden que se eche a gente, pagando justos por pecadores”, aseguró Antonio Vázquez, coordinador de las organizaciones gitanas de España y vicepresidente segundo del Consejo del Pueblo Gitano, que se desplazó hasta Villacarrillo. “Quien la haga, sea gitano o no gitano, la pague, pero, eso sí, a través de los cauces judiciales”, añade. Así, Vázquez pidió que se deje actuar a los tribunales y “no se meta a todos en el mismo saco”. Al respecto, dijo que “siempre que hay algún suceso con gitanos es igual”. “Da igual lo que haga una persona, tendrá que ser la justicia la que determine su responsabilidad, pero eso no puede implicar que la ciudadanía se la tome por su mano”, recalca. “Lo que no se puede hacer es convocar concentraciones para que se vayan”, subrayó, según recoge Europa Press, no sin criticar que las autoridades no las evitasen y exigir que actúen para que no se vuelvan a repetir.

Pero la voz de los colectivos gitanos no se queda ahí. Horas después del juicio, “organizaciones gitanas de toda España reunidas en Jaén” realizaron un comunicado “ante los dramáticos sucesos ocurridos en Castellar en los que centenares de ciudadanos han participado en una manifestación ilegal con la intencionalidad de expulsar a sus vecinos gitanos del pueblo intimidando, provocando y quemando sus viviendas”. Detalla que la actitud violenta de los ciudadanos de Castellar que participaron en la manifestación es un ejemplo de “romofobia o antigitanismo”.
“La reiteración de estos comportamientos racistas demuestra que sus autores creen equivocadamente que su conducta no lleva aparejado reproche penal alguno cuando por el contrario el delito de racismo es uno de los más graves contemplado en los instrumentos jurídico-penales”, añaden y recuerdan los casos de Torredonjimeno, Martos y Mancha Real.

También denuncia que los tribunales de justicia y las fiscalías “no han actuado, hasta ahora, con la necesaria contundencia contra este tipo de comportamientos” y las condenas han sido escasas y poco ejemplares. Y añaden que las fuerzas de seguridad del Estado, en general, “no han practicado detenciones por la comisión delictiva de la romofobia”. Y critican también la respuesta a estos actos de los alcaldes, como el de Castellar. “Se ha presionado a ciudadanos gitanos que han vivido siempre en el pueblo a abandonar sus viviendas, ofreciéndoles como alternativas como asumir el pago de viviendas en otros pueblos o a abonarles el importe del depósito de gasolina de los vehículos para que se marcharan”, añaden.