La memoria histórica como símbolo contra la impunidad
Preferimos ver a nuestros muertos”, pronunció Consuelo Ramón Chornet, una de las participantes en la mesa redonda que inició la jornada en los Cursos de Verano de Torres, en representación de los familiares de las víctimas de violaciones contra los Derechos Humanos. La memoria histórica y las trabas que se encuentran los allegados de estas víctimas para acceder a la “recuperación” de sus cuerpos centraron el interés de las primeras ponencias.
La Fibgar organiza estas actividades y cuenta con Baltasar Garzón y Juan Manuel Faramiñán Gilbert como coordinadores de esta segunda jornada, celebrada ayer.
En la primera mesa redonda se abordaron las comisiones de la verdad, una serie de medidas de investigación y análisis de abuso sistemático que ayudan a entender las violaciones masivas. Participaron María del Carmen Muñoz Rodríguez, doctora de Derecho Internacional Público de la UJA y moderadora, Consuelo Ramón Chornet, catedrática de Derecho Internacional Público, Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y Laura Zúñiga Rodríguez, asesora de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú (CVR).
Muñoz Rodríguez calificó la justicia transicional como “uno de los temas que hay que tocar en el ámbito de los Derechos Humanos y el Derecho penal”. Le siguió Chornet como primera voz experta y explicó, en referencia a todas las víctimas del régimen franquista, que son clave “los esfuerzos de los agentes sociales para facilitar los mecanismos”. Calificó al sistema judicial español de ser un modelo “peculiar”, a raíz de las decisiones del Gobierno, porque tiene una serie de efectos que derivan en una omisión de miles de desaparecidos que, según sus palabras, se trata de un “error garrafal y uno de los hechos más desgraciables en la Justicia”. “Nuestra Historia está manipulada, necesita reparar la ausencia de los olvidados y luchar contra la impunidad”, finalizó. Recogió el testigo Durán, quien analizó la temática desde el ángulo del Derecho Internacional y lanzó una pregunta al empezar: “¿Quiénes son las víctimas y quiénes, los victimarios?”. Aseguró que las decisiones tomadas al respecto “son más políticas que jurídicas”.
“La situación en España es delicada y no es fácil actuar porque existe una Ley de Amnistía, desde el año 1977, que obstaculiza a la Justicia interna y que muchas acciones queden impunes. Debe construirse una Comisión de la Verdad y que los crímenes genocidas, que son un trauma para la nación española, sean expuestos. No hay soluciones definitivas, hay parches y opiniones”, aseveró. Y añadió: “No cabe el perdón, no es posible amnistiar estos delitos”.
Por último, Zúñiga expuso el caso de Perú en el que el grupo terrorista “Sendero Luminoso” y las fuerzas militares y policiales del país cometieron genocidio en los años 80 y 90 contra la población analfabeta que, al no estar censada, perdió el rastro de sus muertes. Explicó que la CVR nació para identificar a los autores de estos fallecimientos. “No se podía pasar página y queremos reivindicar la verdad. Muchos exmandatarios se opusieron a su creación porque ellos eran parte de estas muertes. Es necesario que queden recogidas”, detalló. Además, a diferencia de España, la Justicia peruana no se atuvo a las leyes de amnistía y clarificó los sucesos ocurridos.