Hipotecados en Pozo Alcón, tras 30 años de pagar su casa

Todas las partes implicadas reconocen que la situación es kafkiana. Explicar el problema resulta sencillo: básicamente se trata de que 50 familias de Pozo Alcón, después de 30 años pagando rigurosamente su vivienda, se encuentran que su hogar continúa hipotecado. La solución a este embrollo es bastante más compleja. Rocío Moreno Bustos, abogada y portavoz de los afectados, explica que todo se remonta a 1982. Por aquel entonces, como tantos ayuntamientos, el poceño solicitó un préstamo al Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda, dependiente del Estado, para la construcción de una promoción de casas de protección oficial. La Administración local seleccionó a los adjudicatarios de los inmuebles. Estos recibieron las llaves libres de cargas; es decir, una vez que pagaran el precio estipulado, el techo bajo el que se cobijan es suyo.

Esto ocurrió en 2012, pero, para sorpresa de los que se creían aliviados propietarios, tras tres décadas de cumplir con sus obligaciones, descubrieron que sobre estas viviendas pesa una carga de 1,4 millones de euros. ¿Por qué? Los moradores abonaban la cuota en una cuenta del Ayuntamiento que, a su vez, debía de abonar mensualmente el préstamo, pero, en un momento, dejó de hacerlo. Concretamente, en 1999, como precisa el delegado de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rafael Valdivielso. Este responsable político es el que busca ahora soluciones para los propietarios después de que, en 1985, el Estado transfiera al Ejecutivo regional tanto las casas como el préstamo. Además, entretanto, el Ayuntamiento volvió a hipotecar estos inmuebles para hacer frente a las deudas contraídas con los constructores. De esta operación, como precisa la portavoz de los poceños víctimas de este entuerto, ninguno tuvo conocimiento hasta después.

En cualquier caso, esto no hubiera sido un problema de no haber sido porque la Administración local dejó de hacer frente al préstamo, a pesar de los distintos requerimientos de la Junta, precisa Valdivielso. La explicación está en la fórmula de caja única adoptada por esta Corporación local. No es que hubiera malversación de fondos a priori, explican las fuentes consultadas, es que simplemente el dinero ingresado por los ciudadanos se destinó a otros fines.

En 2012, la que fuera alcaldesa, la socialista Pilar Salazar, consciente del problema, abonó 200.000 euros, según recuerda Valdivielso, con el objetivo de reducir el agujero, aunque es el único pago. Ya en ese momento, los propietarios son plenamente conscientes de lo que se les viene encima y optan por presentar una reclamación previa a la Junta de Andalucía en la que exigen que se avenga a admitir la nulidad de la escritura hipotecaria constituida sin consentimiento de los titulares. De esta forma, quieren evitar que pese sobre ellos el pufo que ellos no generaron y que, por cabeza, ronda los 30.000 euros. El delegado de Vivienda es tajante al aclarar que no hay que caer “en alarmismos”. “Vamos a hacer todo lo posible por solventar la situación, porque es de justicia, y ni por asomo ejecutaremos la hipoteca para perjudicar a los vecinos”. Para deshacer el entuerto, tiene que implicarse el Ayuntamiento, como asume el actual alcalde, el socialista Iván Cruz, al que la cuestión le explotó en las manos. La idea es liberar a los propietarios de toda obligación para que el dinero salga de las arcas locales. Desde que llegó al cargo, ya son cinco las reuniones mantenidas, al más alto nivel con responsables del Gobierno andaluz, para tratar de llegar a un acuerdo. La próxima, el lunes. La idea que tienen es que se apruebe un aplazamiento de la deuda o que se renegocie, para poder abonarla a la Administración andaluza ya que, como dejó claro el regidor, es imposible hacer frente a toda la cantidad de golpe.

Los vecinos, aunque con algo de desconfianza, acudirán con buena disposición a la mesa de diálogo. Eso sí, si consideran que no hay voluntad de liberarles de la carga lo antes posible, están dispuestos a acudir a los juzgados.