Entereza para afrontar una “injusticia” desde la cárcel

Lo tengo asumido desde hace tiempo. Sabía que era inminente e irreversible. Me siento con fuerza moral y entereza”. Así resumía 24 horas antes del trance de ingresar en prisión el exalcalde de Huesa su estado de ánimo a este periódico y sus palabras se reflejaron a la perfección en los apenas quince minutos que dedicó a despedirse de sus familiares, vecinos y amigos, más de medio centenar de personas, que lo arroparon a las puertas de la cárcel. Entre muestras de afecto y apoyo, Francisco Javier Gómez Sevilla entró “con la cabeza alta y la conciencia tranquila porque no ha hecho nada”, como remarcó minutos después su esposa, María Jesús Lamarca, al centro penitenciario de Jaén. Había agotado el plazo dado por la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén para hacer efectivo su ingreso voluntario y comenzar a cumplir la condena de tres años y dos meses de cárcel dictada desde el Tribunal Supremo por un delito de falsedad. Lo hizo tras la denegación del indulto por parte del Consejo de Ministros.

A las cuatro menos cuarto de la tarde, comenzaron a llegar los primeros vecinos de Huesa, que se desplazaron hasta la capital en sus vehículos, para mostrar su apoyo, una vez más, al exalcalde. Cuando faltaba solo un minuto para las en punto, entró el autobús fletado por la Agrupación Socialista de Huesa con su alcalde, Ángel Padilla, a la cabeza, tras haber tramitado la correspondiente autorización. Con gesto serio, y bastantes lágrimas de emoción e impotencia después, se concentraron de forma silenciosa como muestra de apoyo a Gómez Sevilla y a su familia. Vecinos de todo signo político y condición, como resaltó Padilla. La palabra injusticia resonaba en cada uno de los corrillos una y otra vez, pero sin una voz más alta que otra. Sin perder las formas ni un segundo. Pero no entienden cómo ha llegado a este punto el proceso judicial con una persona que, defienden, solo ha velado por el interés de Huesa sin enriquecerse. Así lo verbalizaron, después, tanto el alcalde de Huesa, como el secretario general de los socialistas en Jaén, Francisco Reyes. Este llegó al mismo tiempo que Francisco Javier Gómez Sevilla a la explanada de la cárcel. Lo hizo acompañado por la presidenta y el secretario de Organización del partido, Francisca Medina y Jacinto Viedma. Reyes definió la pena impuesta como “desproporcionada”: “Es un mal día para los socialistas, para los vecinos de Huesa y para cualquiera que tenga corazón”.

El exalcalde de Huesa, con una entereza sorprendente, saludó y agradeció la presencia de sus compañeros y vecinos. Entre besos y abrazos, pasó por el control de acceso a la prisión provincial en torno a las cuatro y media. Allí tendrá que estar hasta que se resuelva la concesión del tercer grado y es que, tal y como explicó su abogado, Javier Pulido, ese es el siguiente paso en este proceso judicial que comenzó hace ya más de siete años.

La defensa, como explicaron fuentes familiares, tiene ya preparada la documentación para presentar, esta misma semana, la calificación para que se le conceda el tercer grado, de modo que solo tendría que ir a la cárcel a dormir. “Lo único que cabe es solicitar el tercer grado”, explicó a la prensa Javier Pulido. “La prisión es la preparación para la reinserción social y nosotros consideramos que Javier Gómez Sevilla no tiene que reinsertarse para nada. La prueba es la gente de Huesa que lo acompaña, que se supone que son los perjudicados. Confiamos en que saldrá pronto”, resaltó Javier Pulido. La defensa, de esta forma, trabajará para que —ya en prisión, antes no se ha podido iniciar este trámite— se le clasifique inicialmente en tercer grado penitenciario, lo que le permitiría cumplir la pena en un régimen de semilibertad y así no pasar por los dos meses del periodo de observación previo a la clasificación. En este sentido, su defensa sostiene que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 72.3 de la Ley Penitenciaria para que desde el primer momento tenga la clasificación de tercer grado ya que carece de antecedentes, la causa tiene una antigüedad superior a ocho años y no ha habido ningún perjuicio económico para las arcas públicas. Lo que no está claro todavía es cuánto puede durar este proceso.

El Consejo de Ministros rechazó en octubre el indulto parcial y su entrada en prisión se fijó inicialmente para el 27 de noviembre. Sin embargo, la solicitud de una moratoria por parte de la defensa con el argumento de poder finalizar el ejercicio en la gestoría que dirige el exalcalde —pidió hasta el 30 de enero— ha alargado los plazos. La petición de indulto parcial cursada en su día por la defensa del exalcalde sumó en su día casi 2.200 adhesiones en la plataforma digital donde se recogieron los apoyos, además de la del Ayuntamiento de Huesa que la aprobó en pleno con los votos a favor del PSOE y la abstención de IU, ya que los concejales del PP no acudieron al pleno donde se votó esta cuestión. El exalcalde, que no fue condenado a responsabilidad civil alguna, ya ha abonado tanto el pago de los 3.600 euros de multa como el importe de las costas procesales.

Fue la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén la que, en 2016, acordó suspender la entrada en prisión de Gómez Sevilla hasta que el Consejo de Ministros se pronunciara sobre la solicitud de indulto parcial que había cursado su defensa. La suspensión llegó tres días antes de que se cumpliera el plazo para su ingreso voluntario en prisión. En esta se tuvo en cuenta que Gómez Sevilla no tenía antecedentes y además llevaba años retirado de la política. Otro de los factores que se valoró fue que el exedil no se había llevado ni un euro de dinero público sino que lo que hizo fue destinar fondos de subvenciones a jornales en obras municipales distintas a las que inicialmente se habían concedido dichas ayudas públicas.

La Audiencia de Jaén condenó en diciembre de 2015 a Gómez Sevilla, como inductor, y al arquitecto municipal, como autor, a seis meses de suspensión para empleo o cargo público a cada uno por un delito de certificación falsa. La misma sentencia absolvió al exalcalde de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad. El Ministerio Fiscal recurrió la sentencia de la Audiencia y seis meses después el Supremo, en junio de 2016, la echó por tierra y acabó condenando a tres años y dos meses de cárcel. Ahora, el exalcalde comienza a cumplir esta pena.