Encierro ante la “injusticia”

Incomprensible, desproporcionado y muy injusto. Los vecinos de Huesa no entienden que su exalcalde tenga que entrar en prisión antes del 27 de noviembre, tras la denegación del indulto en el Consejo de Ministros. No encuentran “justicia” cuando, dicen, hay casos “aberrantes” de malversación de fondos públicos y corrupción política en los juzgados, que se resuelven sin que los responsables pasen ni un solo día en la cárcel. Unas horas después de que llegara el “jarro de agua fría” de la decisión del Gobierno , la mujer de Javier Gómez Sevilla, María Jesús Lamarca, decidió, en señal de protesta, encerrarse en el salón de plenos del Ayuntamiento de Huesa. Sus vecinos la arroparon durante todo el día. Hasta el actual alcalde, Ángel Padilla, se sumó a este apoyo al que define como uno de los hombres “más honestos y con los pies en el suelo” que conoce.

“Necesito que todo el mundo, que España entera sepa la injusticia tan grande que se está haciendo con Javier”. Así se expresaba la esposa del exalcalde en un vídeo que difundió por las redes sociales tras el encierro, que inició alrededor del mediodía de ayer. “Es una condena política”, defiende en la grabación, que también compartió el actual alcalde, Ángel Padilla, bajo un claro mensaje: “Siempre he pensado que a la Justicia hay que respetarla y acatarla, pero cuando la propia Justicia no es justa y desproporcionada, flaco favor se hace a la sociedad en general, que queremos confiar en ella”. La denegación del indulto, como explicó a este periódico, ha sido “un jarro de agua fría”, una decisión “que nadie esperaba” sobre todo, si se considera la “desproporción de la sentencia”. “Además, se pedía el indulto parcial, no quería irse de rositas. Había cometido una falta administrativa, no había lucro propio, ni de terceros, ni menoscabo a las arcas. Solo quería que no se perdieran esos jornales”, dice.

Gómez Sevilla, alcalde de Huesa entre 2007 y 2011, fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y dos meses de cárcel por un delito de falsedad documental del que inicialmente había sido absuelto por la Audiencia de Jaén. El exalcalde había emitido órdenes de pago falsas para justificar la terminación de unas obras que no llegaron a ejecutarse. Destinó los 47.000 euros de ayudas públicas a pagar nóminas municipales por trabajos en otras obras y no tener que devolverlos. “Hemos considerado siempre que la condena es muy desproporcionada para el delito. Nadie niega que se falsificó una documentación pero se invirtió todo en obras municipales. Hasta el último céntimo de euro”, dice su mujer. “Hace poco se ha dicho que Huesa es el pueblo más pobre de la provincia. Esos jornales eran una ayuda para que mucha gente tuviera 15 días de trabajo”, reflexiona, mientras que siente un gran respaldo de los vecinos, que se han vuelto a echar a la calle como ya lo hicieron desde la sentencia del Supremo. “La gente nos arropa mucho, nos dan mucho ánimo y apoyo moral. Aquí no se mira la ideología, nos acompaña hasta gente en la directiva del PP de Huesa”, reconoce.