El pufo de 50 viviendas públicas en Pozo Alcón llega al juzgado

Rocío Moreno Bustos y otros 49 propietarios interpusieron una demanda de nulidad de la hipoteca que pesa sobre una promoción de medio centenar de viviendas públicas construidas en Pozo Alcón. Es el último recurso de estos ciudadanos afectados por una situación kafkiana, ya que se sienten “rehenes” del impago de una deuda contraída por el Ayuntamiento con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta.

¿Por que? Las casas en las que residen, pagadas religiosamente por estas familias poceñas, fueron construidas gracias al crédito que solicitó la Administración local, en 1982, al antiguo Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. Posteriormente, cuando las competencias en esta materia fueron transferidas a la Junta, se amplió la hipoteca, sin que los dueños dieran su consentimiento, y, en 1999, comenzaron los impagos por parte del Gobierno local de la época. El resultado es que los legítimos dueños descubrieron que su hogar no estaba libre de cargas, por el pufo, de 1,4 millones de euros, generado por la Administración local poceña. La fórmula de generar la deuda fue sencilla: los beneficiarios de la promoción de vivienda protegida abonaban las cuotas en una cuenta municipal y esta, a su vez, tenía que transferir la cuota a la Junta para liquidar el préstamo que, en su día, se solicitó a un organismo estatal. El actual alcalde, el socialista Iván Cruz, explica que no es que se desviaran estos fondos, sino que se empleaban para gastos corrientes de la Administración municipal, lo que contribuyó a hacer cada vez más grande el agujero. En 2012, la que fuera regidora poceña, Pilar Salazar, también del PSOE, abonó 200.000 euros para reducir el montante. Los propietarios, en ese momento, ya eran plenamente conscientes de lo que podía ocurrir y optaron por presentar una reclamación previa a la Junta, en la que exigen que anule la segunda hipoteca, suscrita sin que ellos se enteraran. Tras estos años de espera, en los que la táctica de los vecinos fue evitar acudir a los tribunales, finalmente, se optó por la denuncia, admitida ya a trámite y en el Juzgado número 3 de Jaén.

El Gobierno local, por su parte, trata de facilitar el camino a los vecinos, consciente de que no son culpables de lo ocurrido. En el último pleno, como precisa el regidor, se adoptó un acuerdo plenario unánime, con el visto bueno del PSOE y el PP, que supone que el Ayuntamiento se allana en el proceso pleito abierto, es decir, queda conforme con la decisión de los propietarios y ni siquiera litigará, les da la razón. “Lo que queremos es que la Junta resuelva esta cuestión directamente con la Administración local y deje al margen a los propietarios que, ciertamente, ya pagaron la hipoteca de sus viviendas”, argumentó el máximo responsable municipal.

Los vecinos confían en que la Justicia les dé la razón definitivamente y sus casas se libren de toda carga, convencidos de la “mala fe” con la que obraron su momento tanto la Junta como el Gobierno municipal. Este periódico trató ayer, sin éxito, de conocer que postura adoptará finalmente la Consejería de Fomento y Vivienda