El derrumbe de las casas de La Guardia acaba en el juzgado
El Consejo Consultivo abre la vía a un nuevo peritaje
Cinco viviendas municipales acabaron en ruina y tres de propiedad privada sufrieron cuantiosos daños. Fue la consecuencia del derrumbe de casas, acontecido en diciembre de 2015, en la Plaza Vista Alegre de La Guardia, como consecuencia de una supuesta rotura de la red de abastecimiento de agua. A día de hoy, el arreglo sigue sin solución y, acabará en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, después de la resolución que acaba de dictaminar del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía en Granada. La empresa concesionaria del suministro del agua y el Ayuntamiento, a través de las respectivas aseguradoras no llegan a un acuerdo sobre quién es el “culpable” de tal desastre. Tampoco lo dictamina el órgano consultivo, paso previo de la tramitación judicial, que abre la vía a un nuevo peritaje para llegar a un acuerdo entre ambas partes, como consecuencia de las contradictorias valoraciones obrantes en el expediente.
El alcalde, Juan Morillo, asegura que la Administración local encargó un estudio a una auditoría independiente y a la Diputación sobre lo sucedido. Peritajes que cifran los perjuicios ocasionados a las arcas municipales en torno a 700.000 euros. Sin embargo, la adjudicataria del servicio elude tener responsabilidad, al considerar que nada tiene que ver el problema en la red de agua con las afecciones al terreno. Sin embargo, el alcalde se muestra convencido de que se debió a la mala conservación de la red de abastecimiento y, como tal, la empresa que la gestiona tiene que hacerse cargo de los daños. “Llevaremos el asunto al próximo pleno ordinario del mes de junio y, a continuación, acudiremos al juzgado, porque necesitamos solucionar ya el problema”, indicó Morillo. Mientras tanto, el Ayuntamiento guardeño paga el alquiler de los pisos en los que tiene realojadas a las familias afectadas por el derrumbe. Transcurrido este tiempo, los inmuebles continúan en ruina y la zona vallada, para evitar que alguien entre y sufra daños. “No perdemos la esperanza a que finalmente se llegue a un acuerdo”, concluye Morillo.
Los vecinos sintieron las paredes crujir y el suelo se rebajaba, que las tuberías del agua reventaban, incluso que las puertas, fuera de su marco, resultaba imposible abrirlas. Fue en diciembre de 2015 cuando cinco viviendas municipales quedaron totalmente en ruinas y tres de propiedad privada sufrieron cuantiosos daños, en la Plaza de Vista Alegre de La Guardia. Sufrieron algo así como un “temblor de tierra”, tal y como describió el alcalde, Juan Morillo. Pero no se trataba de ningún terremoto, sino de una presunta y descomunal rotura de la red de abastecimiento de agua, que afortunadamente no causó daños personales. La fuga de agua provocó que las familias de este humilde barrio tuvieran que ser realojadas en otras viviendas de alquiler, que tal y como afirmó el alcalde, son sufragados por el Ayuntamiento. Hace más de un año y el arreglo de estas viviendas continúa sin solución. Ante tales desencuentros, Juan Morillo pone en manos de la Justicia la situación. “De forma irresponsable y con falta de humanidad”, así juzga el alcalde la respuesta que a lo largo de este año recibieron de la concesionaria. Pese a los desencuentros, la empresa mostró su total predisposición. Indicó que el asunto lo lleva su aseguradora, pero que tratará de que se acerquen posturas. Al mismo tiempo manifiesta que abonó las cuantías de los alquileres de las familias.
solución. Según el cálculo realizado por los técnicos, los daños causados como consecuencia de la fuga de agua ascienden a unos setecientos mil euros. “Vamos a llegar hasta el final y tenemos claro que, en caso de que la Justicia condene a la empresa concesionaria del suministro del agua, rescindiremos el contrato que tenemos con ellos durante 25 años, porque entendemos que lo han incumplido”, apostilla Juan Morillo, después de conocer la valoración del Consejo. También mantiene su esperanza en que se llegue a un acuerdo, por eso está dispuesto a realizar un nuevo peritaje en la zona.
viviendas. El epicentro de este derrumbe se situó en una zona humilde del municipio de La Guardia, del área metropolitana de la capital. El Ayuntamiento construyó estas viviendas para destinarlas a situaciones de emergencia social. Un año después, estas cinco viviendas de titularidad municipal se encuentran declaradas en estado de ruina y, por tanto, inhabitables.