Dudas sobre todos los contratos municipales

Antonio Gámiz Magaña comenzó, el pasado mes de julio, una batalla personal para tratar de descubrir cómo se realizan los contratos en el Ayuntamiento de Cambil. Este vecino, con amplia experiencia en la construcción y que, a sus 57 años, tiene problemas para encontrar un trabajo estable, denuncia que se le hurta la posibilidad de beneficiarse de un contrato de la Administración local. Considera que esta situación es fruto de una “actitud caciquil” que marca la gestión municipal, heredada, asegura, de los tiempos del franquismo por los distintos alcaldes democráticos de su municipio; el último, Miguel Ángel García Martos, de IU.

Gámiz Magaña cree que las altas de trabajadores municipales no cumplen con principios legales básicos, como la concurrencia pública y la selección de personal por méritos, sino que responden al “amiguismo” y a las afinidades políticas, no a los méritos. Lamenta que no pueda optar a algunos de los puestos, ya que, sostiene, ni siquiera aparecen las ofertas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Este cambileño, que antes residió en la capital y que se refugió en su pueblo natal al verse afectado por el desempleo, comenzó a remitir escritos al regidor, en los que le reclamaba detalles sobre el proceso de contratación y selectivo. Ante estas peticiones que, según él, quedaban muy claras, no obtenía una respuesta concreta, lo que le hace dudar más. Hastiado y “mareado” asegura que sopesa seriamente la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía para que investigue a fondo y exige una reunión con el alcalde para obtener respuestas. Y eso, sostiene, a pesar de ser consciente de que se puede “ganar enemigos”. “No voy en contra de nadie”, argumenta.

El alcalde, que conoce perfectamente las peticiones de este ciudadano, precisa que, además de remitirle escritos, mantuvo conversaciones con responsables de su partido y de los sindicatos, para que le hicieran llegar su malestar. Ello le hizo revisar las contrataciones en el Ayuntamiento, incluso a través de los servicios jurídicos de la Diputación, y llegó a la conclusión de que solo puede obrar del modo en el que lo hace. Sostiene que la plantilla municipal consta solo de tres funcionarios y que hay una veintena de empleados, personal laboral, a los que, con más de una década de antigüedad, se les renuevan los contratos por prestación de servicios. No hay asesores ni figuras de este tipo. “Desconozco exactamente cómo entraron, algunos hace más de veinte años, pero respeto sus puestos”, dice.