Demanda de unos padres por la retirada de sus hijas

El matrimonio de Sabiote formado por Francisco Martínez y Ana Belén López acude a la vía judicial en su intento de recuperar a sus dos hijas de corta edad, declaradas en desamparo por la Junta de Andalucía hace más de un mes y medio. Martínez, a través de un procurador presentó un escrito el viernes. El documento se dirige al Juzgado de Primera Instancia número 6 y de Familia de Jaén y expresa intención de presentar una demanda de oposición a la resolución administrativa, dictada el pasado 5 de junio por la delegación en la provincia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través de la Comisión de Medidas de Protección. A falta de concretar el contenido de las acciones legales, el escrito en el que se anuncian, establece como base que la declaración de desamparo es “manifiestamente injusta, antijurídica, arbitraria y confiscatoria”. El texto añade que no existen otros procedimientos relativos a las menores. En el texto se pide la admisión a trámite del escrito y que se reclame testimonio completo del expediente administrativo para que sea aportado en el plazo de veinte días.

Por otro lado, los cónyuges continúan con su campaña de recogida de firmas, que pretenden mantener, al menos hasta el 6 de agosto. De acuerdo con el progenitor ya han superado los cuatro mil apoyos. La campaña se centra, principalmente en Sabiote y Jódar, los municipios de los que son originarios, respectivamente, Martínez y López, aunque también han refrendado la iniciativa habitantes de Úbeda y otros puntos de la comarca de La Loma.

“Tenemos mucho apoyo. Todo el mundo reconoce que quitarnos a las niñas no tiene fundamento, pues estaban muy bien cuidadas”, manifiesta Francisco Martínez. En este sentido, el hombre explica que esta semana volvieron a ver a las menores por segunda vez. Apunta que ambas se encuentran, de manera provisional, con una familia de acogida. “Estuvimos con ellas y les llevamos unos juguetes”, detalla el sabioteño.

Por otro lado, Martínez niega una de las bases en las que la administración justifica la medida adoptada, en concreto que haya tenido problemas penales por cuestiones de drogas. El escrito de la Junta de Andalucía refiere varias causas para considerar que existe riesgo alto para las dos niñas en desamparo.