Exigen una pensión digna como derecho constitucional

No abandonaremos la calle mientras las pensiones mínimas y no contributivas lleguen a alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional, con el horizonte de 1.084 euros mensuales, según establece la Carta Social Europea firmada por España”. De este modo comienza la reivindicación desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que hacía un llamamiento a los afectados con el fin de cambios en el sistema público.

En la ciudad iliturgitana era convocada, desde la agrupación local en defensa de las pensiones, una concentración en la Plaza de España para “alzar la voz tras los cambios realizados por el Gobierno central”. La coordinadora central para esta causa afirmó a Diario JAÉN que considera la aprobación del Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, “una frustración a las expectativas lanzadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, lo hemos titulado el decreto de la inocentada”, tras enumerar los puntos por los que, desde su parecer, los pensionistas son vulnerados: “No aprueba la revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo; aplaza esta decisión hasta dentro de seis meses, en que la Comisión del Pacto de Toledo y la Mesa para el Diálogo Social decidan si, además del IPC, abren la posibilidad de introducir otros índices como la oscilación anual del salario medio, de las cotizaciones sociales y del crecimiento económico”, sentenciaron. Por otro lado, afirmaron que no deroga la enmienda del Partido Popular por la que se prorroga el periodo transitorio para equiparar el Régimen Especial de las Empleadas del Hogar al Régimen General, lo que significa no igualar los derechos de subsidio de desempleo y la cotización mínima en las lagunas de los tiempos sin realizar trabajos.

Matizó que, en principio, dejó sin efecto que la pensión mínima por invalidez permanente total por enfermedad para personas menores de sesenta años fuera el 55% de la base reguladora, como establecía la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social. “Gracias a la presión constante en la calle y por medio de grupos políticos en el Congreso se consiguió derribar esta medida y, al menos en el presente año, estas pensiones subirán un 22%, pero no hay garantía para el año que viene”.

Entre sus reivindicaciones también se encuentra una reforma fiscal “justa y progresista”, así como una reforma laboral que dé estabilidad, salarios justos y derechos laborales, además de pensiones dignas, revalorizadas y blindadas como derecho fundamental en la Constitución. La manifestación celebrada el sábado a las puertas del Ayuntamiento iliturgitano concentró a los afectados leyendo estos manifiestos. Su portavoz local, Manolo García, puso el acento en exigir paz.