Una de cal y otra de arena en el conflicto referente a Mures

La “guerra” entre la entidad de Mures y el Ayuntamiento de Alcalá por el control de los bienes públicos de la aldea continúa. El último episodio es un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén que da la razón parcialmente a la entidad.

La resolución le da permiso para entrar en el parque —un espacio que aparece en el inventario municipal—, a efectos de recuperar su posesión. Se autoriza a hacerlo a personal de la entidad cuya identidad deberá ser notificada previamente a la Justicia, con auxilio, en caso necesario, de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, el auto judicial no atiende la petición de entrar en el inmueble del centro social mureña.

En su denuncia, la administración de la aldea solicitó, aparte de retirar las mesas y las sillas del parque, autorización para penetrar en el centro social con el objetivo de tomar posesión de él y cambiar las cerraduras. El dictamen de la Justicia establece que, más allá de a quién pertenezca la titularidad del edificio, la concesionaria del servicio de bar-cafetería ocupa las dependencias de manera legítima.

En los razonamientos jurídicos, el auto deja abierta a la entidad local la opción de pedir medidas cautelares en caso de que impugne la concesión mediante una demanda en los tribunales. El juzgado jiennense no entra en el fondo en lo que atañe a la titularidad del centro social, ya que admite que es “una cuestión compleja” que excede el asunto que se dirime con el auto. Dicho de otra manera, que debería decidirse con la presentación de un contencioso específico.

Un acuerdo aprobado en una sesión extraordinaria de la junta vecinal de Mures, convocada el pasado año, definía la situación del centro social como “usurpación reciente” y creía posible usar el procedimiento urgente del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. No obstante, el acuerdo veía más prudente optar por dirigirse a un juzgado.

El conflicto entre administraciones estalló el pasado verano. La entidad acusó de prevaricación y otros delitos al alcalde, Carlos Hinojosa —algo a lo que no dio crédito la Fiscalía, que dictó el archivo— por la autorización para poner mesas y sillas en el parque en las fiestas de San Roque. Durante la celebración la presidenta mureña, Francisca López, cambió la cerradura de la puerta del bajo del centro social —que no abrió esos días— para que hubiera servicios. El Ayuntamiento la denunció por esa conducta.