Un hombre investigado por herir a un perro con un cepo

Una conducta capaz de causar daños incluso a los seres humanos. La Guardia Civil considera que un vecino es el autor de un delito contra la flora y la fauna —maltrato de animal doméstico— y otro de utilización de medios prohibidos para la caza. La investigación se inició ante la denuncia presentada por otro alcalaíno en la que manifestó que su perro había sufrido lesiones causadas por un cepo.

Por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado se realizó la correspondiente inspección ocular y se comprobó que la mascota había quedado atrapada en una trampa colocada en terrenos de un huerto colindante al patio trasero de la vivienda del dueño, lugar hasta el que había llegado la mascota.

Los cepos son un medio prohibido de captura de animales, porque no resultan selectivos, sino indiscriminados. La Benemérita sospecha que el dispositivo que causó lesiones al perro fue colocado por el imputado, en las diligencias judiciales abiertas por este caso, con la finalidad de cazar y eliminar roedores, como ratas.

En posteriores gestiones, los miembros de la Benemérita pudieron comprobar que el animal había sufrido heridas en su pata delantera derecha, como consecuencia de su atrapamiento en el citado cepo. Por ellas, el animal requirió asistencia y tratamiento veterinarios para su cura y recuperación, a lo que hay que añadir el sufrimiento y el estrés que tuvo que soportar durante todo el tiempo que permaneció atrapado en el objeto metálico. El lugar en el que se encontraba el cepo es un huerto que dispone de un cercado perimetral bastante deficiente —lo que facilitó la entrada del perro—, realizado con materiales residuales, de manera que es fácil el acceso a personas, máxime cuando se halla ubicado en una zona muy cercana a viviendas en proceso de transformación en una zona verde y parque público. Es un lugar en el que habitualmente juegan menores.

Además de las correspondientes diligencias judiciales, la Guardia Civil formuló denuncias por las correspondientes infracciones administrativas en relación a lo dispuesto en la Ley 8/2003 de conservación de la Flora y Fauna Silvestres en Andalucía, y a lo dispuesto así mismo en Ley 11/2003 de Protección de los Animales de Andalucía, que ya han sido remitidas a la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Jaén.