“Reforma sin licencia” en el restaurante de la piscina estival

El asunto de la situación de la piscina de verano, que cambió de concesionario el pasado verano por decisión del equipo de Gobierno colea. El portavoz del PP, Marino Aguilera, preguntó por asunto referentes al inmueble municipal en el reciente pleno.

Aseguró que en el expediente no aparece la preceptiva licencia para la reforma del restaurante. Por ello llegó a afirmar que los trabajos se hicieron “al margen de la legalidad”. Aguilera interpeló al equipo de Gobierno sobre por qué se permitió a la mencionada firma la apertura y la explotación pese a los cuatro informes desfavorables de dos ingenieros del Ayuntamiento. “No aportó los anexos de calificación ambiental y estudio acústico, ni plano de planta ni detalle de normas técnicas accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, pese a que se le requirió en dos ocasiones”, expresó el edil opositor. Mostró extrañeza sobre cómo las autoridades locales no se percataron de las obras en unas instalaciones de su titularidad ni actuó la inspección urbanística. Se preguntó si se estaba, “de nuevo” ante “trato de favor entre miembros del PSOE” —en referencia a que la anterior empresa concesionaria pertenece al actual alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez—. A su juicio, es una agravante que esto ocurriera en un inmueble municipal, que no está en una aldea o en lo alto de un monte “donde no va la inspección urbanística” y dudó de que a otros se les tolere la apertura de un restaurante si permiso de obras. De nuevo, trato de favor entre miembros del PSOE, se pregunta. “Pasó hace diez años, pero el responsable está aquí”, manifestó en alusión al entonces concejal de Urbanismo, Juan Ángel Pérez, ahora responsable de Patrimonio.

Por otro lado, Marino Aguilera sacó a colación el expediente de compensación de la deuda que mantiene el anterior concesionario con el Ayuntamiento, de unos 92.000 euros según sus datos. Se mostró contrario a compensarlas —el empresario pide una cantidad superior a esa cifra por los trabajos ejecutados—, ya que, a su juicio, esto no debe hacerse pues las mejoras ya fueron valoradas, en su día, para la adjudicación.