El Ayuntamiento, condenado en costas por una usurpación
Nueva resolución desfavorable por ocupar con un depósito una parcela ajena
El caso del depósito de agua construido en la finca de un particular, en la zona de la Cuesta del Cambrón, ya tiene sentencia definitiva. La Audiencia Provincial de Jaén condena en costas al Ayuntamiento por el asunto. La resolución ratifica la sentencia del Juzgado número 2 de Alcalá la Real, que obligaba a la administración a pagar 9.986,79 euros al propietario de la parcela, Luis López Elvira. Sin embargo, el particular recurrió la decisión, ya que consideraba escasa la valoración establecida por la juez Cristina Luis Vílchez de su propiedad y reclamaba un importe de 91.662, al considerar que se trataba de un solar en un espacio urbano. Sin embargo, el reciente dictamen de la Audiencia no le da la razón.
La última resolución permite “salvar los muebles” al dueño de la parcela, ya que si, como establecía la sentencia de primera instancia, hubiera tenido que abonar los honorarios del abogado y de los peritos que contrató —además de perder su propiedad—, la indemnización de 9.986,79 euros habría absorbido prácticamente todo el dinero recibido. La Audiencia de Jaén, en cambio, no hace pronunciamiento sobre las costas de segunda instancia, que, por tanto sí deberá pagar el particular.
La resolución, emitida por la Sección Primera del órgano provincial, considera que no se desvirtúa que el Ayuntamiento obró de buena fe en el asunto. Por lo que respecta a la valoración del suelo, la Audiencia ratifica la decisión de la magistrada Cristia Luis, que se basó en la cotización de subasta determinada en una hipoteca constituida en el año 2005.
Por lo que respeta en la imposición de las costas al Ayuntamiento, la segunda y definitiva sentencia la adopta, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, al haber estimado de manera sustancial la demanda de Luis López.
Los hechos se remontan a pasadas legislaturas municipales, cuando el Ayuntamiento puso el suelo a disposición de la Junta para que construyera un depósito con el fin de mejorar el abastecimiento de agua en la zona sur. En el primer juicio, el propietario, un frailero residía en Baleares cuando empezaron los trabajos, relató su sorpresa al enterarse de que edificaban en su propiedad. Al particular —que estuvo representado por el letrado Jaime Ferreira Siles— se le ofreció en la primera sentencia la opción de quedarse con el depósito, eso sí después de pagar 139.489.87 por la obra ejecutada en su parcela usurpada.