Condena por la agresión a los dueños de un taller

Sentencia para un caso que causó sobresalto hace un mes. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, Inmaculada Leyva, condena a cuatro personas, vinculadas con un taller del polígono Fuente Granada, por la agresión a José Jiménez Moyano y su hijo, José Luis Jiménez Torres, los dueños de otro establecimiento del gremio situado justo enfrente. La resolución, contra la que cabe recurso, considera autores de los hechos a dos hermanos, Francisco Javier y Custodio G. L.; la pareja de uno de ellos, Beatriz P. P., y el padre de ambos, Custodio G. G.

El fallo impone a cada uno de los cuatro una multa de 90 euros —el resultado de multiplicar una cuota de 3 por 30 días— por un delito leve de lesiones y a indemnizar a José Jiménez Moyano con 135 euros y José Luis Jiménez Torres, con 285 por las lesiones leves sufridas como consecuencia de los golpes. También deben abonar, de manera conjunta y solidaria, los 964,66 euros que costaron los desperfectos ocasionados en un vehículo, aparte de las costas generadas en el proceso judicial.

Según el dictamen de primera instancia, el suceso ocurrió el pasado 27 de febrero, hacia las ocho de la mañana, cuando, después de que el joven José Luis Jiménez rozara, de forma accidental, un autómovil estacionado ante la puerta de su taller mientras salía con una furgoneta. La sentencia asegura que “movidos por el malestar de lo acaecido” acudieron y golpearon al trabajador y luego a su progenitor. En la vista las versiones fueron diametralmente opuestas, por los denunciantes mantuvieron que el ataque había existido pero los cuatro acusados lo negaron, aunque sí admitieron que hubo una pelea con insultos. En la sala, Beatriz P. P. aseveró que no estaba en el lugar, aunque Inmaculada Leyva no le da veracidad.

La titular del juzgado alcalaíno se adhiere a la petición de la fiscal. Sin embargo, no atiende la pretensión de la familia Jiménez, que solicitaba una indemnización por los daños en un móvil, una orden de alejamiento y una compensación para Mercedes Torres Peña, respectivamente madre y esposa de los denunciantes por el miedo que le infundió el suceso. Torres declaró como testigo, igual que José Luis González de Lara y Gómez de Urda, un empresario también residente en el polígono. La declaración de este último y el parte de lesiones fueron vitales para sustentar el castigo.