Acuerdo judicial por los incidentes en el precinto de la orujera de Baeza

Fue el 13 de noviembre de 2014, sobre las diez de la mañana, cuando el Ayuntamiento de Baeza procedió al precinto de algunas de las instalaciones de Oleícola Jaén para dar cumplimiento al mandato judicial que ordenaba que se cumpliera la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero no resultó un procedimiento sencillo ni exento de polémica. Las diligencias previas del Juzgado de Baeza, tras los incidentes y minutos de tensión, relatan que uno de los trabajadores, Antonio Jesús L. V., delante de los agentes de la Policía Local fracturó el precinto correspondiente al muelle de descarga de la ampliación del troje y otro de los acusados, el director operativo, Joaquín Morillo Ruiz, fracturó el segundo precinto colocado en la misma instalación. “Del mismo modo, el gerente de la mercantil procedió en días posteriores no solo a violentar el resto de los precintos colocados en las instalaciones, sino a desarrollar la actividad industrial en las mismas, siendo perfectamente consciente de que se encontraban precintadas”, recoge el escrito. Asimismo, existe otra acusada, la letrada de la mercantil, que también aparece en las diligencias, por provocar la comisión de un delito de desobediencia y arengar a los trabajadores a la retirada de los precintos. Por estos delitos, se pedía para los acusados penas de un año de prisión —y hasta un año y medio para el gerente— y una indemnización por responsabilidad civil de 5.000 euros.

Algo más de tres años después, en el Juzgado número 3 de lo Penal de Jaén, se llegó a un acuerdo de las partes para, como resalta Oleícola Jaén, “evitar la celebración del juicio”. Este, como resume la empresa, consiste “básicamente” en “la retirada de la acusación sobre la letrada de la empresa, por infundada; la retirada de la acusación de delito continuado de desobediencia al administrador de la empresa en ese momento, Carlos Morillo, y la aceptación de una pena de multa para los tres procesados —ya ha sido satisfecha al Juzgado hoy mismo—”. Además, apunta que este acuerdo “pone fin a la vía penal” al ser firme desde el momento de su firma. En este sentido, fuentes de la acusación precisan que los tres acusados han sido condenados a una pena de 6 meses de multa por un delito de desobediencia grave del artículo 556 del Código Penal. Al tratarse de un delito y no de una falta, como resaltan, cuentan ya con antecedentes penales. En este sentido, la multa es de 10 euros diarios durante seis meses para cada uno de los acusados, lo que asciende a 1.800 euros, a los que tendrán que sumar otros 5.000 euros entre todos como indemnización al Ayuntamiento de Baeza, además de las costas.

“La sentencia en absoluto entra a valorar cuestiones de carácter contencioso administrativo, donde ya se cuentan con sentencias que ordenan el cierre del traje de alperujo y de otras cinco instalaciones más”, apuntan fuentes del Ayuntamiento. “El delito es claro, es por desobediencia grave”, añaden. En este sentido, según fuentes de la acusación, contarán con antecedentes a efectos de una posible condena más grave en las siguientes causas en las que se juzgan nuevas actitudes como estas. Recuerdan que la Audiencia ha reabierto la causa en procedimiento abreviado de la segunda vez que se rompieron los precintos —un año después de la primera—, archivada por los juzgados de Baeza, que se resolverá en los próximos meses.

más proyectos. Joaquín Morillo, director operativo de Oleícola Jaén, aseguró a este periódico que la situación de la orujera no va cambiar tras este acuerdo por los delitos de desobediencia. “Hemos querido acabar con el capítulo de juicios. Sacrificamos nuestra inocencia para dedicar todos nuestros esfuerzos a la empresa. El acuerdo acaba con este capítulo, cerramos este libro que nunca queríamos haber abierto”, aseguró. En este sentido, dice que seguirán trabajando para proyectos de futuro como la reconversión de la orujera de Baeza en un jardín del olivar y de una planta de generación eléctrica en Bioland Energy de La Carolina.

En el caso del primero, asegura que está paralizado a la espera del nuevo Plan de Ordenación Urbanística de Baeza y otro especial de protección del paisaje. “Es un proyecto muy ambicioso para la ciudad patrimonial, para fomentar el oleoturismo”, detalla. En cuanto a la planta de La Carolina, esperan terminar “este mismo año” el proyecto para la planta de generación eléctrica, que supondría una fuerte “inversión de seis o siete millones”.