Una recogida de firmas por el “rescate” de la zona azul

A ciencia cierta”, los empleados de la zona azul “no están, en el capítulo 4” del borrador del presupuesto municipal para 2017, en el que se contemplan los ingresos y los gastos de la Empresa Pública de Aparcamientos (Epassa). Lo ha descubierto el sindicato que los representa, Comisiones Obreras, que anunció a este periódico que, en enero, emprenderán una recogida de firmas para informar a la opinión pública de la situación en la que se presta el servicio y de los ingresos que deja de percibir el Ayuntamiento por mantener una privatización en la que, desde diciembre de 2014, tampoco media un contrato. “Estamos viendo que no hay voluntad. El PP, que no la Corporación, quiere que el servicio siga en manos privadas”, concluye el secretario provincial de Empleo y Acción Sindical de CC OO, Francisco Cantero.

Pero, en lugar de movilizaciones, han decidido cambiar de “plan” y recoger firmas entre los ciudadanos, explicando, por si no estuviera ya claro, cuál ha sido el proceso hasta llegar aquí y cómo se gestiona, actualmente, la zona azul. Un servicio que, en opinión de Cantero, “no funciona”. “Con la necesidad de rotación que existe en la ciudad, los parquímetros no funcionan. Está dejada a una empresa sin contrato, y abandonada, porque tampoco se ponen sanciones”, asegura el sindicalista, que dice no entender a qué espera el equipo de Gobierno para ejecutar la resolución plenaria del 31 de octubre de 2014 por la que se encomendaba a Epassa la gestión directa del servicio, una vez que se ha congelado la liquidación de la empresa pública. “Hay un acuerdo plenario [aprobado, además, gracias a la mayoría absoluta del PP entonces], una moción [que, en medio del proceso de disolución de Epassa reivindicó la municipalización de la zona azul] y dos informes que lo avalan”, subraya Cantero.

El secretario provincial de Empleo y Acción Sindical de CC OO se refiere a los estudios económicos que elaboraron el Negociado de Transportes y el propio sindicato sobre los costes que tendría para el Ayuntamiento gestionar el servicio de forma directa.

El informe municipal concluyó que, a pesar de las inversiones que sería necesario realizar en el servicio, la Administración local podía obtener hasta 155.353 euros al año de beneficio por un servicio de aparcamiento regulado que abogaba por ampliar a más calles del centro de la ciudad. El estudio elaborado por CC OO era aún más optimista y duplicaba esa cantidad hasta los 294.116 euros. Pero, en todo caso, los dos coincidían en beneficios para un Ayuntamiento en quiebra técnica.

El sindicato está esperanzado en poder abordar, la próxima semana, esta situación con el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla. Quiere hacerlo antes de poner en marcha la recogida de firmas, a la que espera que se sume la oposición en bloque, refrendando el apoyo que, hasta ahora, siempre ha mantenido a cinco empleados que llevan ya dos años de limbo laboral.